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Desde Al Qatta, Egipto

Egipto acaba de abrir una investigación sobre un fusilamiento de detenidos que puede ser la peor atrocidad cometida por agentes del Estado durante las protestas que terminaron con el gobierno de Hosni Mubarak. Los guardias de la prisión de Al Qatta son acusados de abrir fuego contra decenas de prisioneros, abandonar a los heridos en medio de los cadáveres y negarse a alimentar a los sobrevivientes por días. Los cargos surgen del testimonio de detenidos y familiares de las víctimas, con un prisionero diciendo que los muertos fueron 153.

El fiscal de Giza del Norte, Mahmoud el Hefnawy, abrió la investigación por la denuncia de familiares de once presos, pero todavía no visitó el penal, 60 kilómetros al noroeste de El Cairo, por la falta de seguridad. La prisión está rodeada de tanques y blindados del ejército, con tres retenes en la ruta y seis tanques estacionados en el penal, que tiene 3500 prisioneros.

Las versiones que trascendieron surgen de llamadas realizadas por los presos con celulares entrados de contrabando y de testimonios recogidos por la ONG de derechos humanos Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales. La investigación puede ser la primera prueba para las promesas de transparencia de los militares que ahora gobiernan, y un signo de hasta dónde el país realmente podrá desarmar el aparato de seguridad creado tras sesenta años de autoritarismo.

En Al Qatta puede haber hasta cuatrocientos manifestantes todavía detenidos. Según organizaciones internacionales de derechos humanos, varios fueron torturados. En las manifestaciones de la victoria de este viernes, a una semana de la caída de Hosni Mubarak, se exigió que se liberara a todos los detenidos.

Al comenzar las manifestaciones contra el régimen, el 28 de enero, los presos de Al Qatta vieron por televisión las marchas, los casos de saqueo y las fugas de prisioneros en otros penales. Aparentemente, los detenidos se concentraron en el patio de la prisión y pidieron ser liberados ellos también. Yahya Mohammed Abdel Gabar, que tiene un hermano detenido en esa prisión, contó que “hubo una revolución ahí adentro, con los presos exigiendo ser liberados, especialmente luego de que los directores de Al Qatta se fueron y dejaron a los guardias solos”.

Probablemente hubo hechos de violencia en ese momento, con los guardias refugiándose en las torres y murallas. Entonces llegó un inspector de prisiones, el general Mohammed el Batran, acompañado de un guardia de Al Qatta, Said Gelal, que tenía buen diálogo con los internos. Según algunos de los presos, el general prometió que serían liberados y que los guardias torturadores serían detenidos y castigados. Según prisioneros que hablaron con The Independent, los guardias mataron a balazos al general e hirieron a Gelal. Un preso, Mahmoud Hassan Mohammed, también fue asesinado al intentar ayudar a Gelal.

Según las autoridades carcelarias, fueron los presos quienes balearon al general, aunque la ONG de derechos humanos que investiga el caso considera “muy poco probable” que los detenidos tuvieran armas de fuego. Lo que sí está establecido es que los guardias abrieron fuego desde las torres de vigilancia, primero sobre el patio y, cuando los prisioneros se refugiaron dentro del edificio, contra las ventanas de las celdas. Los sobrevivientes dicen que las celdas están cribadas de balazos.

Los presos denunciaron que los guardias cortaron la luz y el agua del edificio y los dejaron adentro por una semana sin alimentos. Los cadáveres no fueron recogidos y los heridos no recibieron atención médica por cuatro días. Según un prisionero entrevistado por teléfono por The Independent –cuyo nombre se reserva para protegerlo– los presos escribieron una lista de 153 víctimas fatales del fusilamiento.

Mientras se espera que el fiscal visite Al Qatta y eventualmente reciba esta lista, el número oficial de víctimas fatales es de 23, cuyos cadáveres fueron enviados a una morgue local el 9 de febrero. El fiscal afirmó que vio estos cuerpos luego de que las familias los reclamaran. Un vocero del servicio penitenciario del Ministerio del Interior egipcio dijo que la cifra de 153 muertos era “un sinsentido”, pero se negó a dar precisiones.

Según Mahmoud Eid al Sayed, su hijo de treinta años, Adil, lo llamó desde la prisión a las cuatro de la mañana del 30 de enero. Adil, que tiene tres hijos y lleva ocho años preso por tráfico de drogas, le dijo a su padre que “ya mataron a ochenta” y que habían cortado la luz y el agua. Sayed recibió otra llamada a las diez de la noche del mismo día. Esta vez era otro preso, que le dio “las condolencias” porque habían asesinado a su hijo frente a la mezquita de la prisión.

El 1º de febrero, Sayed fue a la prisión con otros dos hijos para tratar de recuperar el cuerpo de Adil, pero se encontró con “agentes de la seguridad estatal y militares” que los detuvieron con balazos al aire. Sayed se retiró porque “ya perdí a un hijo y no quería perder a otro más”. Sólo el 9 de febrero se permitieron visitantes. Para ese momento ya se estaba distribuyendo pan y los heridos estaban en un centro médico militar. Los visitantes vieron que la clínica y el pabellón de visitas se habían incendiado. Los guardias terminaron atacando a las familias con balas de goma y gases lacrimógenos.

Al parecer, los tiros y la violencia en Al Qatta sólo cesaron el viernes 7 de febrero, cuando el vicepresidente Omar Suleiman anunció por televisión que Mubarak renunciaba. Los prisioneros comenzaron a gritar y festejar y los guardias abrieron fuego, matando a Ahmed Magdi Mousa e hiriendo a otro preso. El último episodio denunciado ocurrió horas después, cuando un grupo de guardias ordenó llevar el cuerpo de Mousa a la puerta principal. En camino, los cinco detenidos que llevaban el cuerpo se encontraron con un grupo de guardias que les ordenó detenerse, mientras otro les gritaba que siguieran. Finalmente, alguien abrió fuego y mató a otro detenido e hirió a dos.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.