El Parlamento uruguayo volvió a discutir la anulación de la Ley de Caducidad, que impide que sean castigados quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). Sin embargo, el debate sigue empantanado y las posibilidades de que se elimine esa norma son pocas. Desde el mismo oficialismo, ya están manejando propuestas para derogarla. Los organismos de derechos humanos insisten en que la anulación es el único camino para asegurar que los represores den explicaciones ante la Justicia por todos sus crímenes.

El gobernante Frente Amplio (FA) elaboró el año pasado un proyecto para interpretar la ley que fue aprobada en 1986. Según esa iniciativa, los jueces tendrían vía libre para investigar los delitos cometidos durante el régimen dictatorial sin tener que esperar la autorización del Poder Ejecutivo. En octubre del año pasado, la propuesta del FA obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. Pero, desde entonces, está trabada en la Cámara alta porque tres senadores frenteamplistas no quieren acompañar la iniciativa de su bloque. Los tres legisladores que se oponen a la anulación son el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, Jorge Saravia y el ex tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. El gobierno promueve esta iniciativa para evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione a Uruguay, cuando en los próximos meses dicte su sentencia por la desaparición impune de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena.

La semana pasada, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que preside Rafael Michelini, retomó el debate. Los parlamentarios escucharon la opinión de constitucionalistas acerca de cuáles podrían ser los puntos débiles del proyecto interpretativo. Según comentó Michelini a Página/12, este proceso de discusión podría llevar unos tres meses hasta desembocar en la votación. Lo que pase allí es incierto con respecto a los tres senadores que se niegan a ejercitar la disciplina partidaria. “Nosotros estamos trabajando. Esa es una tarea del presidente del FA, Jorge Brovetto”, remarcó el hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Buenos Aires. El senador le confió a este diario que Brovetto piensa que las negociaciones con los tres senadores oficialistas díscolos pueden llegar a buen puerto.

Sin embargo, desde el mismo FA se están escuchando voces a favor de la derogación de esta normativa. Uno de los que se pronunciaron por esta alternativa fue el mismo vicepresidente Danilo Astori. Consultado sobre esa posibilidad, Michelini respondió: “Nosotros decimos que nadie puede escudarse en la Ley de Caducidad para no ir a un tribunal y que nadie puede escudarse en ella para no ser procesado. Si esos dos objetivos se cumplen, el texto es lo de menos”.

Por su parte, el diputado oficialista Víctor Semproni ya redactó un borrador proponiendo que se derogue la ley que impide el enjuiciamiento de los represores. “El proyecto de anulación vigente está cuestionado por la magistratura. Si se aprueba, va a haber objeciones de inconstitucionalidad”, objetó Semproni. “Ese proyecto lo votó toda nuestra bancada, incluido yo. Lo votamos porque somos demócratas, no porque haya habido ningún mandato especial. Pero lo acompañamos dejando constancia de nuestra inconformidad”, relató el frenteamplista a este matutino.

El borrador de Semproni aún no fue presentado oficialmente ante el Parlamento ni ante el FA, pero sí se lo entregó en mano a los tres senadores, a Astori y a la primera dama, la senadora Lucía Topolansky. “La derogación es a partir de este momento y hacia delante. Pero quedan firmes las resoluciones que se tomaron durante todo el tiempo que estuvo vigente. Por ejemplo, los casos en que los presidentes recibieron pedidos de los jueces pero no los autorizaron a investigar”, explicó el parlamentario. “Sin embargo, ninguno de los casos que el Poder Ejecutivo metió dentro de la Ley de Caducidad fue juzgado, sólo se llegó hasta la etapa presumarial. Basándome en que ninguno fue juzgado, el proyecto que manejo permite que todos los casos puedan ser llevados a juicio hoy”, completó.

Sin embargo, esos argumentos no convencen a los organismos de derechos humanos que llamaron a realizar durante 2011 una movilización masiva por la eliminación de la norma. Desde el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) uruguayo remarcaron que siguen exigiendo la anulación de la Ley de Caducidad. “No estamos para nada de acuerdo con la derogación porque involucraría dejar afuera los casos que ya fueron presentados. Seguimos planteando la anulación”, coincidió Baldemar Taroco, referente de la Asociación de ex detenidos uruguayos Crysol. Valentín Enseñat, de HIJOS Uruguay, añadió: “No queremos entrar en la discusión jurídica, éste es un problema político que es manoseado una y otra vez. Preferiríamos que discutieran claramente y que se vean los resultados sobre la mesa. No-sotros queremos que la ley quede en su totalidad sin efecto, la queremos amputada de nuestro ordenamiento legal y que se abra una posibilidad de juzgamiento”.

Informe: Luciana Bertoia.