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Es momento de rediseño del escenario político en Israel, en el tránsito obligado hacia la conformación de un bloque mayoritario que gobierne a un país que atraviesa la mayor crisis económica en 50 años, indisociable de la campaña militar contra la segunda Intifada palestina, iniciada hace poco más de dos años. Tras las elecciones anticipadas del 28 de enero, el premier Ariel Sharon se aseguró un segundo mandato y su partido Likud obtuvo 38 bancas del total de 120 del Parlamento unicameral (la Knesset); en tanto su principal oponente, el laborismo, alcanzó sólo 19 escaños, seguido por la sorpresa electoral: el anticlerical partido Shinui, con 15 diputados, se posicionó como la tercera fuerza. El electorado dio prioridad a la seguridad interior: el Likud se había postulado en favor de acabar con el terrorismo palestino y el laborismo fue más favorable a sentarse a negociar con la Autoridad Palestina. No obstante, el tema económico vuelve como un boomerang. A Sharon le restan poco más de cuatro semanas para formar gobierno, y, ad hoc, se filtra la eventual guerra en Irak.
El empresariado israelí presiona para que el laborismo forme coalición con el Likud. El nuevo líder laborista, Amram Mitzna, responde que se unirá si Sharon revierte sus políticas de línea dura cara a cara con los territorios ocupados, que –asegura– dañan la seguridad y los principios de Israel. De hecho, la cuestión económica sobre los fondos para financiar los asentamientos en Cisjordania y Gaza fue la causa de la salida de los laboristas de la alianza gobernante en octubre y el llamado a elecciones anticipadas; la Knesset pasó en diciembre el controvertido presupuesto de 270 mil millones de shekels (60 mil millones de dólares). Del otro lado de Mitzna está la figura de Shimon Peres, histórico político negociador del laborismo, partidario a unirse al movimiento Shinui, lo que lleva a pensar en una plausible divisoria de aguas en la interna laborista, entre Peres y Mitzna, frente a una negociación con el Likud. El partido de Sharon, históricamente de bases populistas, captó gran parte de los votos de las clases más bajas. Ahora el Likud, que necesita 61 bancas en su favor, cuenta con dos escaños más (40 en total) por la fusión del partido Israel Baalia, compuesto principalmente por miembros de la comunidad de nuevos inmigrantes rusos.
El laborismo, con plataforma socialdemócrata, planteó en su campaña que para salir de la crisis económica se debía negociar primero con los palestinos. Ese partido es paradójicamente seguido en su historial por las clases medias más adineradas y vivió esta última elección como una derrota. El comportamiento del electorado respondió, según el analista Mario Sznajder, profesor de Ciencia Política de la Universidad Hebrea, a un “voto por la negativa, voto contra: una parte de los pobres votaron al Likud, la derecha más populista, por bronca con el laborismo; los que votaron al Shinui lo hicieron contra los religiosos”. Además
Sznajder dijo a Página/12 que la posibilidad de una coalición entre los dos partidos más importantes se ve dificultada por la figura de Mitzna. Por eso, Sznajder ve en el horizonte posible una alianza del Likud con los ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torah (con 5 diputados) y el Shas (con 11 escaños), más el Shinui –aunque en los hechos esto sería incongruente con los ataques de Shinui al Shas–. Por el contrario, Sznajder desestima la opción de que el Likud se una a la ultraderecha –representada por el Partido Religioso Nacional (5 diputados) y Unión Nacional (7)–, porque, con este último “significaría ceder a Benjamin Netanyahu (ex primer ministro y actual canciller), que quiere quitarle el liderazgo a Sharon”.
El ascenso del Shinui fue la nota de la última jornada electoral. El partido dirigido por Yosef Lapid, quien atacó a los partidos ultraortodoxos como base de su campaña electoral, propone a su vez una coalición laica compuesta por el Likud, el Laborismo y su propio movimiento. El Shinui (que significa “cambio”) se ha presentado como el partido de la clase media y es un partido de un solo tema: el anticlericalismo. A la vez, es neoliberal en lo económico. El editor de Jerusalem Report, David Horovitz, dijo a este diario que “el Shinui plantea una política económica muy diferente del laborismo y al Likud –no hay diferencia importante entre éstos–: está a favor de amplios recortes del presupuesto y reformas radicales impositivas tendientes a bajarle los impuestos a las clases medias”. Horovitz entiende que la mayoría votó a Sharon y a los partidos de derecha porque “los votantes creen que sus problemas económicos provienen del conflicto palestino y lo culpan a Arafat”.
El líder del Shinui ha sugerido la posibilidad de ser más concesivo en las alianzas en una situación de emergencia, léase la guerra contra Irak.
La amenaza de este conflicto vaticina efectos adversos para la economía de Israel. Por empezar, en un contexto de guerra no hay mucha posibilidad de reactivarla. Los temores sobre los efectos de la guerra inciden en la depreciación del shekel y la caída de la industria turística, que ya se encuentra prácticamente paralizada, por el nivel de inseguridad que se vive en suelo israelí.
El vínculo entre el conflicto con los palestinos y el estancamiento económico se ha hecho evidente en estos dos años con el aumento del desempleo, la pobreza y la caída de los ingresos. Muchos de los recursos son destinados al área militar –alrededor de un 10 por ciento de los gastos del gobierno–. Durante 2002, el Banco de Israel se vio obligado a elevar los tipos de interés para controlar la inflación y la declinación del shekel y Sharon empujó un presupuesto designado para ajustar el gasto público y parar un déficit en aumento. Israel atraviesa un fenómeno de espiral recesivo. El PBI, por primera vez desde 1953, se contrajo en un 1,0 por ciento en 2002 y en 0,9 por ciento en 2001. El desempleo subió del 9,4 por ciento en 2001 a 10,4 por ciento en 2002. De acuerdo con el informe de 2002 del Parlamento, medio millón de niños vive en la pobreza, lo que representa un aumento relativo del 50 por ciento en los últimos 14 años.
Pese a que enero es normalmente un buen mes para los fondos públicos, marcado con la llegada de miles de millones de dólares de Estados Unidos, el inicio de 2003 produjo el record de déficit: 2600 millones de shekels (532 millones de dólares). El gobierno actual aspira a una ayuda de 12000 millones de dólares de Estados Unidos en garantías de préstamos, además de los 3000 millones que ya recibe cada año. No hay un pronóstico alentador para la recuperación este año. El ministro de Hacienda, Silvan Shalom, ha anunciado que el presupuesto 2003 podría ser recortado nuevamente en uno o dos miles de millones, como consecuencia del descenso de los ingresos fiscales.
El Tesoro estima un crecimiento del 1 por ciento del PBI, aunque muchos analistas lo dudan. Incluso la Agencia Central de Estadísticas proyecta un porcentaje de crecimiento negativo. El nuevo gobierno se enfrenta a desafíos. El Banco de Israel pide reformas en el sistema de impuestos y quiere ver mayores inversiones en infraestructura que estimulen la economía. Habrá que ver qué gabinete se forma y cómo llevarán adelante las reformas.