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El centro de la ciudad La Paz ilustró ayer la antítesis de su nombre: fue epicentro de un estallido social que fue in crescendo hasta el límite de sembrar dudas sobre la estabilidad del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. No bastó que el presidente se retractase de la medida económica -el impuesto al salario, un gravamen a los salarios en un 12,5 por ciento, medida orientada a bajar el actual déficit fiscal–, que fue la pólvora del descontento visualizado en los efectivos policiales que estaban amotinados desde anteayer en su sede, cercana a la presidencial. Precisamente los policías en motín mantuvieron ayer una batalla campal con efectivos de la policía militar y el ejército en la Plaza Murillo (de Armas), frente al Palacio Quemado. La violencia dejó al menos 14 muertos (8 policías, 3 soldados y un civil era los datos que se manejaban anoche) y 64 heridos, aunque la cifra de bajas fatales podría aumentar por los heridos de gravedad. Luego, el líder socialista de los cocaleros, Evo Morales, pidió la renuncia del mandatario y llamó a un corte nacional de rutas para hoy, que acompañará una huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana (COB). El choque entre policías y ejército había terminado. Pero continuaba otra escena: la de multitudes enardecidas saqueando e incendiando edificios públicos, de la Vicepresidencia y el Ministerio de Trabajo, y de los partidos políticos oficialistas. Sin policías ni bomberos –que continuaban plegados a la protesta– y con un ejército que patrullaba las calles, La Paz vivía una atmósfera de convulsión e incertidumbre política.
La ola de violencia se desató luego de que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aprobara “el impuestazo”, el mismo que a raíz de la violencia terminó obligado a anular para pacificar el país. Sánchez de Lozada clamó “que pare la violencia” y que el retiro del proyecto tributario “dé lugar al diálogo franco”, en alusión a los combates entre el ejército, que le era leal, y los policías amotinados del GES (Grupo Especial de Seguridad), en demanda de mejoras salariales –y el no al impuesto–. Los efectivos del ejército recurrieron a armamento pesado y los policías a cargas de dinamita y metralletas, en las extendidas horas (más de cinco) en que transcurrió el principal foco de enfrentamiento. Los hospitales y clínicas de la capital estuvieron atestados de heridos, todos por armas de fuego. En los enfrentamientos hubo francotiradores del ejército emplazados en la terraza de la sede presidencial. Al caer la noche, el choque entre los policías amotinados y el ejército virtualmente había cesado a raíz de las invocaciones de sus cúpulas. La intención presidencial de gravar el impuesto a los salarios de 750.000 trabajadores dependientes forma parte de tres iniciativas del gobierno actual –que lleva tan sólo seis meses en el poder– para bajar el déficit fiscal de 8,3 a 3,5 por ciento. Las otras dos consisten en subir el impuesto a las compañías petroleras y bajar los gastos en burocracia, dentro de un paquete fuertemente recesivo.
No quedaba claro el rol del ejército, una vez aminorados los choques. Según la agencia de noticias estatal ABI, el presidente ordenó que las tropas militares iniciaran un patrullaje en las calles de La Paz “para evitar más actos vandálicos y en estricto resguardo de los bienes públicos y privados de la ciudad”. Pero el jefe de informaciones del diario local La Prensa, Carlos Morales, dijo a Página/12 que “las calles están como tierra de nadie, porque como condición del cese de violencia el ejército acordó su retirada. Sólo está en un sector, en la calle Potosí”. Paralelamente, una turba incendió las sedes de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio de Trabajo, una oficina bancaria y de los tres partidos cogobernantes: el oficialista Movimiento Nacionalista Revolucionario, de Sánchez de Lozada, el de su aliado Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, del ex presidente Jaime Paz, y la populista Unidad Cívica Solidaridad.
La violencia se fue contagiando a otras ciudades del país, principalmente a Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro), epicentro de unreciente conflicto cocalero, de acuerdo con informes en vivo de la televisión local. En medio de una ausencia de control policial, se registraron saqueos de centros comerciales, en uno de los cuales funciona una emisora privada de televisión que debió suspender sus emisiones. Lo mismo sucedió con los canales siete, Bolivisión y PAT. La emisora Unitel transmitió desde la ciudad de Santa Cruz.
Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) demandó la renuncia de Sánchez de Lozada y ordenó un paro nacional para hoy. Las protestas contra el gobierno estaban respaldadas por la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), que cuestiona severamente las medidas económicas. El líder opositor Evo Morales, líder del poderoso sindicato de cultivadores de coca, se unió también al pedido de la COB. El Estado Mayor del Pueblo (EMP), formado a mediados de enero a raíz de un corte de rutas por parte de productores de coca en la región central del Chapare, convocó al corte nacional de rutas contra las políticas del gobierno. Delfín Olivera, dirigente del EMP, que aglutina a sindicatos del país y está liderado por Morales, urgió al gobierno a revisar sus medidas. El poderoso gremio de los choferes ordenó para hoy “el repliegue de todas las unidades de transporte público”, según su secretario ejecutivo, Angel Villacorta. A su vez el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las labores escolares en La Paz. La comunidad universitaria lanzó también una convocatoria a los estudiantes para acatar el paro de 24 horas decretado por la COB, mientras la Iglesia Católica llamaba a la pacificación del país.