Desde Madrid

“No somos antisistema, el sistema es antinosotros” rezaba anoche la pancarta más festejada en la madrileña Puerta del Sol. El movimiento de los “indignados”, o 15-M, como también se lo conoce, en alusión al pasado domingo 15 de mayo, cuando realizó su primera aparición estelar en las calles españolas, desafió ayer la prohibición de la Junta Electoral madrileña, que pretendía negarles el derecho a manifestarse luego de entender que con su presencia los manifestantes pueden “afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto”. España enfrenta este domingo las elecciones municipales y regionales en medio de una revuelta que mucho se parece al “¡que se vayan todos!” de la Argentina de 2001. Protesta que ha ido creciendo durante los últimos cuatro días, poniendo de manifiesto el hastío de los ciudadanos con los dirigentes políticos y los bancos, a los que consideran corresponsables de la crisis económica que azota al país.

La protesta, que no tiene líderes visibles y se ha valido de las redes sociales para multiplicarse, se trasladó ayer como una mancha a otras importantes ciudades españolas, como Sevilla, Granada, Valencia y Barcelona, y recibió adhesiones de más de 500 organizaciones ciudadanas que poco a poco se han ido plegando a un movimiento que comenzaron los jóvenes sin trabajo y que ahora abarca desde jubilados a amas de casa, pasando por jóvenes empresarios, empleados de comercio y, más que nada, desocupados.

Luego de conocerse la decisión del tribunal electoral madrileño, las Juntas Electorales de Sevilla y Granada también decidieron prohibir la protesta con la excusa de la realización de las elecciones, pero también en ellas los manifestantes decidieron ignorar la prohibición. Los voceros del movimiento han advertido que pretenden quedarse en las plazas hasta el mismísimo domingo, en signo de protesta por lo que consideran un abandono de los políticos, entregados a su enriquecimiento personal y a cumplir las directivas del poder financiero internacional más reconcentrado.

Más que apagar las protestas, la prohibición la encendió y a media tarde ya eran una veintena las ciudades que se autoconvocaban a manifestarse en las principales plazas. En Barcelona, donde los manifestantes también han establecido campamentos, se convocó también a un cacerolazo. “Nuestra manifestación es pacífica”, aclaraban los organizadores, aunque la plataforma Democracia Real Ya, que fue la que inició el domingo 15 la convocatoria, logrando manifestaciones en 50 ciudades, se desvinculó del movimiento ayer afirmando que ahora pertenece a los ciudadanos y ha dejado de tener dueño.

Con las elecciones como telón de fondo, los “indignados” pasaron de ser unos desconocidos a transformarse en el eje de la campaña. En el Partido Popular al principio no se preocuparon por ellos, ya que consideraban que se trataba de votantes de izquierda desencantados con las políticas de ajuste llevadas a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la magnitud de la protesta obligó a los conservadores a manifestarse. “Es fácil criticar a los políticos”, se lamentó el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, al tiempo que la ultraconservadora Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, les sugirió a los manifestantes que trasladen el campamento a La Moncloa, sede del gobierno central y verdadero “responsable del desempleo”.

En el Partido Socialista, en cambio, reina el desconcierto. Durante la campaña electoral de 2008, Zapatero había hecho hincapié en que él no era “lo mismo” que Rajoy, pero su virulento giro en política económica, aplicando un ajuste impopular y recortando derechos y beneficios a los ciudadanos, hace impracticable hoy ese discurso. Y así lo han entendido los votantes que se aprestan el domingo a darle al partido el golpe más duro que pueda haber recibido desde el retorno de la democracia, hace ya más de tres décadas. Algunos dirigentes socialistas han manifestado que “comprenden” las razones del movimiento, y algunos hasta se atrevieron a secundarlo, pero desde la calle los manifestantes no variaron su discurso, llamando a no votar a los partidos tradicionales, a quedarse en casa o a anular el voto, cualquier cosa con tal de emitir el mensaje que se ha instalado en las plazas: “Estamos hartos de políticos y banqueros”.

A pesar de la prohibición, la multitud logró llegar a la plaza sorteando el impresionante cordón policial que el gobierno desplegó en las principales calles aledañas sin mucho éxito, ya que nadie se atrevió a reprimir la manifestación. Ante el éxito de la convocatoria, los “indignados” elevaron la apuesta, convocando a manifestarse también el sábado, jornada de reflexión electoral en la que están estrictamente prohibidas las manifestaciones, y han comenzado a difundir un manifiesto en el que piden una reforma de la ley electoral para que la democracia sea realmente representativa, se oponen “al descrédito paulatino de las instituciones que dicen representarnos, convertidas en meros agentes de administración y gestión, al servicio de las fuerzas del poder financiero internacional” y señalan a los culpables de la crisis: el FMI, la OTAN, la Unión Europea, las agencias de calificación de riesgo y a los partidos como el PP y el PSOE. Más claro, agua.