La decisión de Dilma Rousseff de posponer la investigación sobre casos de represión y tortura en ese país entre 1964 y 1985 generó diversas opiniones en el arco político brasileño. La apertura de los archivos de la represión había formado parte del discurso de campaña de Rousseff que la llevó a la presidencia de Brasil a principios de año.

La noticia se conoció cuando Ideli Salvati, flamante ministra de Relaciones Institucionales designada anteayer por Rousseff, anunció que la presidenta había decidido que los documentos ultrasecretos no serán abiertos por el momento, según publicó ayer el diario Folha de Sâo Paulo.

La presidenta de Brasil había dado su respaldo para un proyecto de ley que proponía la desclasificación de documentos secretos y había aceptado revisar su posición a partir de los cuestionamientos del ex mandatario José Sarney, quien se encuentra muy cercano a su gobierno. “Los documentos son parte de nuestra historia diplomática, no podemos abrirlos”, declaró Sarney, uno de los principales referentes entre los aliados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En este sentido, el presidente del Senado se mostró partidario de impulsar un proyecto de ley que ponga fin al secreto que pesa sobre los documentos del Estado, con excepción de los archivos vinculados con las negociaciones fronterizas. “Si divulgamos la colección histórica de Itamaraty (en referencia a la cancillería brasileña) y los documentos sobre la construcción de las fronteras de Brasil, vamos a abrir heridas con nuestros vecinos”, afirmó Sarney.

El ex presidente brasileño, que se expresó el lunes sobre la posibilidad de que la divulgación de documentos secretos dejase “heridas abiertas”, aclaró ayer que, en realidad, se había referido específicamente a documentos históricos sobre la negociación de las fronteras y no a los textos vinculados con la dictadura militar que asoló a Brasil. También señaló que la divulgación de esos documentos podría ocasionar un fenómeno similar al generado por los cables de la diplomacia de Estados Unidos. “Creo que no podemos hacer un Wikileaks con la historia de Brasil”, dijo.

Algunos analistas estiman que Sarney pretende mantener esos documentos ocultos porque pueden comprometer su pasado, especulación que el mismo presidente del Senado rechazó al afirmar que no tenía nada que ocultar. Las declaraciones del ex presidente también fueron criticadas por organismos defensores de los derechos humanos, que exigen la apertura de los archivos de la dictadura.

Si bien la desclasificación de esos expedientes no fue desestimada, sino que quedó en suspenso, dirigentes oficialistas como el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Maia, mantienen su postura sobre la necesidad de liberar los archivos, después de 50 años, y evitar que se siga ocultando información sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Brasil.

“La sociedad tiene derecho a conocer la historia, cuanto más se divulgue, mejor, no veo ningún problema en ir liberando (documentos)”, sostuvo Maia.

Actualmente, en el Senado brasileño se impulsa un proyecto de ley para permitir el acceso a documentos considerados como secreto de Estado para historiadores y todas aquellas personas interesadas en consular esos textos.

El proyecto ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y limita a una única vez la posibilidad de renovación del plazo máximo del sigilo (25 años), con lo que aquellos documentos clasificados como “muy secretos” podrían perder esa condición a partir de los 50 años.

El gobierno de Brasil, que inicialmente defendía el levantamiento del secreto que pesaba sobre todos los documentos, actualmente es partidario de que ese plazo de vencimiento pueda ser renovado indefinidamente, posición que es compartida, a su vez, tanto por Sarney como por el también ex presidente brasileño y actual senador Fernando Collor de Mello.

“Lo que yo defiendo es una mejoría del proyecto. No quiero vetar el proyecto. Apenas me referí a la apertura de heridas en documentos históricos, pero no a los documentos actuales”, dijo Sarney.