En forma pacífica y sin más armas que banderas y pancartas en las manos, decenas de palestinos marchan cada viernes para reclamar por la devolución de sus tierras. Ni el gas lacrimógeno ni las balas de goma disparadas por el ejército israelí los amedrentan. Durante dos meses, B’Tselem (btselem.org) registró esos sucesos y el lunes publicó el informe “Demostración de fortaleza: las fuerzas de seguridad niegan el derecho a protestar a los pobladores de Nabi Saleh”. La organización de derechos humanos denuncia allí los excesos cometidos por el ejército y la policía de frontera durante las protestas. El pueblo de 500 habitantes, ubicado al noroeste de Ramalá y recostado sobre la margen occidental del río Jordán se convirtió en el último tiempo en epicentro del conflicto palestino-israelí. “El sistema de defensa israelí se prepara para hacer frente a las manifestaciones que tendrán lugar en Cisjordania ante el posible reconocimiento del Estado palestino”, sostiene ante Página/12 Jessica Montell, directora de la ONG. Pese al veto de Estados Unidos y la oposición de Israel, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, anunció que elevará al finalizar la semana un pedido formal en Nueva York –ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), después de pronunciar su discurso en la sesión de la Asamblea General– para que Palestina alcance rango de Estado soberano e independiente con pleno derecho y se reconozcan las fronteras previas a la ocupación israelí en 1967.

Entre sus veinticuatro páginas, el dossier difundido por B’Tselem documenta una conversación posterior al desalojo de una protesta entre un oficial del ejército israelí y un habitante de Nabi Saleh: “¿Cuál es el problema?”, apura el militar. “¿Por qué disparan a mi casa”, pregunta con voz firme el palestino. “¿Me ha visto hacer eso?”, masculla el oficial. “No he dicho que fuera usted –se ataja el aldeano que no se amilana e insiste–. Usted sabe que están disparando a las casas.” Otro oficial interrumpe para señalar que no ha visto nada. Entonces el poblador damnificado vuelve a la carga: “Yo te voy a mostrar quién disparó”. En 103 segundos un video muestra a los soldados israelíes lanzando chorros de gas pimienta sobre la cara de un manifestante; cuando cae al suelo le arrojan una bomba de sonido que estalla a centímetros del cuerpo. En otra secuencia las volutas de gas lacrimógeno brotan de la terraza de una casa. El documento sigue cuatro manifestaciones realizadas el 17 y 24 de junio, el 1 y 8 de julio y analiza tres aspectos en la conducta de los militares israelíes: violación del derecho a protestar, uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes y daño a la población civil.

El brigadier general Nitzan Alon, que reemplazó como comandante de División de Judea y Samaria a Noam Tibon –quien había reconocido que “el terror no sólo se elimina con la fuerza, sino a través de la generación de esperanza y normalidad en la vida de los palestinos para un futuro de diálogo” (israelnationalnews.com, 10072009)–, señaló que el ejército no estaba dispuesto a permitir que los manifestantes llegaran hasta la ruta cercana al asentamiento de Halamish, por miedo a que arrojaran piedras sobre los autos. Más allá de la ocupación de tierras, el conflicto entre israelíes y palestinos se aviva por el acceso a un manantial ubicado cerca de Nabi Saleh.

Antiguamente, los palestinos utilizaban la zona del manantial como lugar para la cría de ganado y esparcimiento. Pero, en junio de 2008, un grupo de colonos del asentamiento de Halamish tomaron control del manantial y en febrero de 2009 comenzaron a construir casas. La modificación del terreno –que se llevó adelante sin permiso, y causó daños en la vegetación y en otras propiedades– fue denunciada por los palestinos ante la policía. La presentación judicial fue desestimada por falta de pruebas. El acceso al agua es controlado por la empresa estatal israelí Mekorot. El caño principal que abastece a esa región pasa cerca de Halamish, donde los colonos controlan el suministro a través de una válvula ubicada en el asentamiento.

Aunque la ONG israelí reconoce el temor del brigadier general Alon, señala la necesidad de respetar el derecho a manifestarse. Asimismo, sostiene que las fuerzas de seguridad deben mantener un equilibrio entre ese derecho y el resguardo de la seguridad y el orden público. En las primeras tres manifestaciones registradas por B’Tselem la movilización fue dispersada apenas comenzaba, incluso antes de acercarse a la salida del pueblo. El ejército llegó a declarar zona militar a Nabu Salh y bloqueó los caminos de acceso a la aldea. Sin embargo, los manifestantes continuaron adelante con sus exigencias.

El 8 de julio, durante la cuarta marcha, las fuerzas de seguridad prohibieron cualquier tipo de reunión y lanzaron un toque de queda en Nabi Saleh. Una lluvia de gases lacrimógenos y bombas de sonido cayó sobre los lugareños que intentaron acercarse a la calle principal de la aldea o se asomaron a los techos de las casas.

Dos semanas más tarde, mientras registraban las casas, los soldados fueron en busca de israelíes y extranjeros que participaban en las movilizaciones como observadores. A algunos se los expulsó del pueblo. Cinco palestinos fueron detenidos. En una de esas visitas, los militares ingresaron a una casa y un soldado desenfundó su arma reglamentaria. El 29 de julio atacaron a observadores que filmaban la manifestación y golpearon al fotógrafo palestino Muhib Sa’ad Barghouti en la cabeza. Pasó cinco horas detenido. Luego de ser liberado viajó hasta el hospital de Ramalá, donde recibió ocho puntos de sutura.

Para sofocar las protestas en Nabi Saleh, las fuerzas de seguridad israelí utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta, granadas de sonido y skunk, un líquido que es lanzado desde un camión cisterna que actúa como carro hidrante y se impregna en la ropa y la piel. Aunque su uso fue aprobado por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y el director médico del ejército, las autoridades militares israelíes reconocieron que esa sustancia puede causar náuseas y vómitos. Los pobladores, por su parte, afirman que lleva varios días quitarse el mal olor de la ropa y que aún así no se elimina completamente. En julio de 2009, el ejército comenzó a utilizarlo durante las manifestaciones en Cisjordania.