Miércoles, 7 de diciembre de 2011 | Hoy
EL MUNDO › PRESIONADO, EL JEQUE DISOLVIó EL PARLAMENTO
El jeque de Kuwait, ante las denuncias de corrupción y la inestabilidad política, disolvió ayer el Parlamento para convocar a elecciones, situación que podría complicar los planes del Pentágono para estacionar en ese país parte de las tropas que dejarán Irak. La agencia noticiosa oficial informó que el jeque Sabah al Ahmed al Sabah tomó la decisión a menos de una semana de designar un nuevo primer ministro.
Las elecciones deberán realizarse en los próximos 60 días y el primer ministro permanecerá en su puesto de manera interina. La medida complicaría los planes del Pentágono para emplazar miles de soldados en Kuwait tras la retirada de Irak a fines de mes si en los comicios ganan poder los grupos que se oponen a una mayor presencia militar estadounidense.
“Debido al deterioro de las condiciones que ocasionaron la obstrucción del proceso de logros y que amenazan los máximos intereses del país es necesario recurrir al pueblo que elige a sus representantes para superar los obstáculos existentes y alcanzar los intereses nacionales”, expresó una declaración del jeque difundida por la agencia noticiosa oficial de Kuwait. Grupos de oposición acusaron al gobierno de corrupción y de intentar limitar la libertad de expresión. Las tensiones en Kuwait comenzaron muchos años antes de las protestas iniciadas por la Primavera Arabe, si bien los grupos opositores creen que la coyuntura es más proclive ahora al materializarse los intentos reformadores surgidos en toda la región. Los detractores de la familia real kuwaití sostienen que no prestó atención a las denuncias de corrupción generalizada y el uso de las fuerzas de seguridad para aplastar las voces disidentes.
El Parlamento de Kuwait disfruta de mayores poderes que cualquier otra cámara legislativa del Golfo Pérsico y los grupos de la oposición critican abiertamente a la familia gobernante. El mes pasado, grupos de manifestantes asaltaron el Parlamento tras un debate sobre denuncias contra funcionarios gubernamentales que canalizaron sobornos a cuentas bancarias fuera del país. Como respuesta, las autoridades se apresuraron a imponer medidas de seguridad más severas.
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