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Cuando el 21 de noviembre pasado, parte de la comunidad de Miramar, comprensiblemente indignada por el crimen de Gastón Bustamante salió a la calle a reclamar justicia y castigo –marcha ampliamente promocionada por los medios– respondía a la misma lógica que se pone en juego en buena cantidad de casos que aportan espuma a la inseguridad que algunos medios objetivizan como ola. Como resultado de la presión, las primeras sospechas y detenciones cayeron sobre la cabeza de dos albañiles. Ayer, la Justicia dio sus pasos para desandar la indignación y la responsabilidad penal desviada en dos chivos emisarios. Lo curioso es que no es la primera vez que ocurre: apenas cuatro meses antes, una madre en la localidad de Ayacucho encubría con una mentira la muerte de su beba, relato de un asalto que derivaría en dos estruendosas marchas de cuatro mil personas que reclamaban seguridad y que fueron generosamente difundidas.

El sociólogo Gabriel Kessler ya había señalado en una entrevista a este diario que “para que los medios tengan impacto en la preocupación debe haber una consonancia intersubjetiva con lo que las personas perciben o creen que pasa alrededor de ellos”. Pero que también, “hay una omnipresencia del tema, desde mediados de los ’90, la instalación de la inseguridad tiene una rúbrica mediática”. En estos casos, la rúbrica tiene además connotaciones truchas.

El 27 de julio pasado, Soledad Ibáñez, de 24 años, denunció que Antonia, su beba de tres meses, había sido asfixiada por unos asaltantes que habían entrado en su casa para robar mientras su marido, Juan Pablo Olano, un productor rural, se encontraba en el campo y ella había entrado en la ducha. Cuando salió, dijo, fue sorprendida por los ladrones y agregó que como no podían hacer callar a la beba que lloraba incesantemente, le taparon la boca con una frazada y la asfixiaron. Ese día, el relato fue ampliamente difundido con detalles agregados que ni siquiera la madre había dado. Inmediatamente una marcha impulsada por el cura local, Miguel Angel París, que no dejaba cámara sin visitar. Esa noche, pese a que los datos recogidos por los investigadores desmentían el asalto, una multitud se abalanzaba sobre la casa del intendente en un reclamo insuflado de cara a las elecciones y desataba una fuerte represión y una segunda marcha en reclamo de una justicia que tenía medio caso resuelto pero contrario a las expectativas mediático sociales.

Mes y medio después, Ibáñez reconocía ante el fiscal que había mentido. Imaginar a la madre en esa terrible situación y capaz de urdir un relato creído por vecinos y medios es casi una radiografía de la lógica de la repetición de casos semejantes.

Con igual impacto mediático, aunque bajo un paraguas farandulesco que cambió marchas por amenazas de abandono del país adjetivadas con “acá no se puede vivir más”, en abril de 2010 Nicole Neumann utilizaba la misma lógica en un relato menos trágico que el de Ibáñez, pero igualmente levantado como verídico por buena cantidad de titulares. Igual que en Ayacucho, los medios no escucharon la versión que desmentía el supuesto asalto sufrido en Quilmes, y denunciado al aire por la modelo al día siguiente, aunque no a la policía. Igual que Ibáñez –pero en este caso, más patético que trágico–, Neumann fue procesada por falsa denuncia en febrero de 2011, cinco meses antes de que saltaran los tapones insuflados de Ayacucho.

Seis meses después de la mentirita noticiosa de Neumann, pero cuatro antes de que fuera procesada, este diario revelaba que, en octubre de 2010 en Mar del Plata, un kiosquero fue baleado y vecinos salieron a reclamar indignados hasta la casa misma del juez, cuando se demostró que quien había disparado contra el kiosquero había pagado una coima en un retén policial para que no le secuestraran el arma.

También en Mar del Plata, un grupo de vecinos y policías que resultaron detenidos por fraguar causas, tal como informó este diario en agosto pasado, llegaron a sugerir a un fiscal que ordenara un allanamiento para evitar que acudieran a los medios y organizaran una marcha en reclamo de justicia.

En febrero de este año, en la localidad de Tolosa, próxima a La Plata, un joven fue liberado luego de que fuera detenido acusado de balear a un comerciante el 3 de enero. El asalto, que efectivamente ocurrió, le fue endosado por “fuentes” de la comisaría 6ª a medios platenses que difundieron la noticia. El año anterior, el mismo joven había denunciado a policías de la misma 6ª de Tolosa por torturas. Mientras que la investigación por torturas avanzó a pie de tortuga, el asalto derivó en marchas de reclamo y en la inmediata detención del acusado-denunciante.

Más lejos en el tiempo, pero en la misma construcción de reclamos mediatizados, el caso Capristo, ocurrido en abril de 2009, en el que un adolescente baleó a un chofer de la empresa Andreani que acababa de estacionar su camioneta en la puerta de su casa, derivó en una imponente marcha de reclamo en la 9 de Julio. En ese caso, si bien el crimen ocurrió a manos del adolescente, la versión periodística que difundió la marcha y los propios organizadores ocultaron el hecho de que el chofer salió armado de su casa y disparó contra el chico que respondió a los disparos. Luego, los propios vecinos enfervorizados golpearían al fiscal que concurrió al lugar y pretendía secuestrar el arma usada por Capristo.

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