El gobierno del conservador Mariano Rajoy aprobó ayer un nuevo ajuste que afecta los sueldos de los directivos de las empresas públicas de España, que se verán reducidos entre un 25 y 35 por ciento. “Son tiempos de austeridad”, dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para justificar el tijeretazo que aplicará el gobernante Partido Popular (PP).

Además, se eliminará un centenar de consejeros del sector público empresarial, según anunció la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el recorte. La propuesta se realizará mediante un Real Decreto que será enviado con carácter de urgencia al Consejo de Estado.

Según la vicepresidenta, el objetivo será reducir costos, potenciar la transparencia y crear un criterio homologado de retribución en todo el sector público empresarial.

Este es un primer paso dentro del plan del Ejecutivo para reducir las más de 4000 entidades, agencias o fundaciones públicas que, según las medidas aprobadas por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, debían haberse reducido ya a 3500.

Según el decreto aprobado, los directivos de las empresas públicas más grandes no podrán cobrar más de 105.000 euros anuales de salario fijo, lo que implica una rebaja media de entre el 25 y el 30 por ciento en sus retribuciones. El tope para las empresas medianas se establece en 80.000 euros al año y las de menor dimensión en 55.000 euros, lo que se traduce en una reducción del 35 por ciento.

No sólo se reducirán los salarios. También las retribuciones en especie con elementos como el pago de vivienda, manutención y seguros. Sáenz de Santamaría remarcó que los directivos del sector público cobran variables. “No siempre vinculadas a los resultados de la entidad, por eso ahora los vinculamos y limitamos”, explicó. Los recortes se adecuarán a cada empresa pública en función de su tamaño, número de trabajadores y volumen de actividad. Nunca podrán superar el monto total del sueldo percibido.

El costo de estas retribuciones también caerá entre un 25 y 30 por ciento.

“Hemos buscado un equilibrio para garantizar que las empresas estarán dirigidas por personas de suficiente solvencia, pero siempre teniendo muy presente que las cantidades que se conocen hoy no pueden sostenerse para el sector público”, justificó la vicepresidenta.

En cuanto al porcentaje variable del sueldo, Sáenz de Santamaría explicó que la retribución estará ligada en un ciento por ciento al cumplimiento de objetivos preestablecidos por la empresa.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda fijará el porcentaje de salario que puede ser recibido por esta vía y que no se cobrará si no se cumple con los objetivos. A modo de ejemplo, la vicepresidenta indicó cómo repercutirá la reducción salarial en algunas de las empresas del Estado: 22 por ciento en Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), 23 por ciento en Hunosa (tercera minera de España) y el 28 por ciento Navantia (empresa dedicada a la construcción naval militar). La vicepresidenta española no pudo cifrar el ahorro que supondrá esta medida para el Estado, aunque dijo que eran volúmenes importantes. En el caso de la supresión de consejeros, sólo en dietas será alrededor del millón de euros, precisó.

Habrá también cien consejeros en los Consejos de Administración menos, ya que se limita a 15 el número máximo de consejeros en las empresas grandes, a 12 en las medianas y, finalmente, a nueve en las más pequeñas.

Estas medidas surgen de un informe elaborado por un grupo de trabajo que dirige el Ministerio de la Presidencia y que está elevando al Consejo de Ministros sucesivas propuestas para el sector público, como el límite de indemnización de siete días por año para directivos que se incluyó en la reforma laboral. En pocas semanas, según Sáenz de Santamaría, llevarán al Consejo otro informe para reducir el sector público empresarial a nivel estatal, en paralelo a los estudios autonómicos y locales con este mismo objetivo.

El ahorro total no está cuantificado, pero Sáenz de Santamaría puso ejemplos, como que se ahorrará un millón de euros sólo en dietas.

Esta medida es un paso más en la política de ajuste y reducción del gasto público que está llevando adelante el gobierno español, con la intención de hacer frente al abultado déficit público y cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la Unión Europea (UE).

Tras asumir el gobierno, Rajoy identificó un desvío en el déficit de más de dos puntos respecto del objetivo del 6 por ciento planteado por el anterior gobierno socialista en 2011, un dato que recientemente la Comisión Europea puso en duda sugiriendo podía haber sido inflado para que las medidas aprobadas en España tuvieran mayor efecto.

Para este año, el compromiso de España es reducir el déficit hasta el 4,4 por ciento.