No pasaron ni cien días de gobierno y ya el presidente conservador del derechista Partido Popular de España, Mariano Rajoy, enfrentará el 29 de este mes la sexta huelga general en la historia de España. Las dos grandes centrales sindicales de España anunciaron ayer una masiva huelga contra la reforma laboral aprobada el jueves por el Congreso, que abarata y facilita el despido en medio de la recesión, en un país con más de cinco millones de desocupados. La número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó el anuncio de injusto.

“Es la reforma más regresiva de la historia de la democracia de España”, aseguró en conferencia de prensa el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, quien destacó que la huelga no es un fin sino un medio para conseguir que el gobierno se siente a negociar. “No hay precedentes de una decisión tan brutal en la modificación de las relaciones laborales, que nos introduce en un camino desconocido sin medir las consecuencias”, apuntó, a su lado, el líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez.

“Convocar a la huelga general en el actual contexto de crisis fue una decisión difícil, pero inevitable, ante la conducta irresponsable del presidente del gobierno, que no se sentó a negociar”, acusó el líder de la UGT. La medida de fuerza, adoptada por unanimidad por las centrales sindicales, supone una escalada de la protesta social en España. Vale recordar que trabajadores, estudiantes y el movimiento de los indignados salieron a la calle en las últimas semanas para rechazar los recortes y reformas del gobierno dictados por la Unión Europea (UE) y el FMI (Fondo Monetario Internacional).

La reforma laboral es presentada por el Ejecutivo como pilar de una política económica que tiene como objetivo combatir el elevado desempleo, que afecta a 5,3 millones de personas, casi el 23 por ciento de la población activa, y revertir la situación de recesión ante un horizonte de contracción el PBI del 1,7 por ciento para este año. Pero Méndez insistió en que la reforma laboral es una ofrenda a las exigencias de los mercados financieros, mientras Toxo recordó que el propio Ejecutivo reconoce que no creará empleo durante este año sino que se destruirán más de 650 mil puestos de trabajo. La reforma laboral aprobada es radical con respecto a la situación anterior, puesto que generalizó el despido con indemnización de 33 días frente al de 45 días en caso de improcedentes, y de 20 días en los procedentes, simplificando los motivos económicos por los que las empresas pueden prescindir de sus empleados.

También creó un polémico contrato de prueba de un año sin indemnización para pymes que los sindicatos consideran inconstitucional porque instaura el despido libre en el 99 por ciento del tejido empresarial.

En resumen, despido a bajo costo y sin control, sumado a la posibilidad de rebajar sueldos de forma unilateral, dinamitan las relaciones laborales de los últimos 30 años, señalan los sindicatos.

La huelga del 29 de marzo será la sexta general de 24 horas en la historia de España y la segunda contra un gobierno del PP, al que los sindicatos enfrentaron en 2002 por las medidas laborales aprobadas por José María Aznar. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien estuvo casi ocho años en el poder, sólo afrontó una huelga general, el 29 de septiembre de 2010, también contra su reforma laboral.

Los sindicatos nacionalistas del País Vasco y Navarra ya habían fijado la misma fecha para una huelga. La decisión de parar el país viene avalada por el éxito de las manifestaciones masivas que tuvieron lugar el pasado 19 de febrero, cuando más de un millón de personas salieron a la calle en más de 50 ciudades españolas para rechazar la reforma laboral.

Rajoy, quien había reconocido en Bruselas que la reforma le costaría una huelga general, defendió aquel día la medida como justa y necesaria para España, y dejó claro que no daría marcha atrás.

Tras la convalidación ayer en el Congreso del decreto-ley del gobierno por el que se aprobó la reforma, y después de presentar sus propias propuestas, los sindicatos esperaban que Rajoy les ofreciera abrir una negociación, algo que no sucedió. Ahora intentarán que el anuncio de la huelga fuerce al PP a introducir modificaciones sustanciales durante el trámite en el Congreso. El opositor Partido Socialista (PSOE) y los grupos de izquierda rechazan la medida, aunque el PP cuenta con mayoría absoluta.

En ese marco, la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que la reforma se tramita como proyecto de ley para que se introduzcan modificaciones, aunque advirtió que los pilares esenciales se van a mantener. La fecha de la huelga –29 de marzo– fue elegida con mucho cuidado. Será la víspera de la aprobación de los presupuestos del Estado, que el gobierno anticipó que serán muy duros, ya que introducirán nuevos recortes para cumplir con el objetivo de déficit de este año, fijado en 5,8 por ciento, desde el 8,5 por ciento actual.

A pesar de que Rajoy desafió la semana pasada a Bruselas, relajando el objetivo de déficit para 2012 en un punto y medio, su gobierno llevará a cabo el mayor ajuste de la historia democrática para cumplir la nueva meta, por lo que los analistas prevén mayor conflicto social.