Ocho legisladores porteños y cinco vecinos se presentarán el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia porteño para solicitar que declare la inconstitucionalidad del decreto por el cual Mauricio Macri vetó una de las leyes aprobadas en diciembre por la Legislatura. El argumento: la anulación fue firmada por el jefe de Gobierno fuera del plazo legal que establece la Constitución porteña. Se trata de la ley que destina el inmueble de Gascón 123, que es propiedad del Estado y donde viven unas sesenta familias, a la construcción de viviendas de carácter social, aprobada el 7 de diciembre y vetada el 17 de enero último, en el marco de una serie de rechazos a normas aprobadas que elevaron la cuenta de vetos de la gestión Macri a 106.

La presentación judicial está encabezada por la diputada María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular), a quien acompañaron con sus firmas los legisladores opositores Delia Bisutti, Laura García Tuñón, Rafael Gentili, María América González, Aníbal Ibarra, María José Lubertino y Edgardo Form. Cinco vecinos suscriben la presentación, en representación de los habitantes del edificio en cuestión.

La ley anulada intentaba buscar una solución habitacional para las familias que viven precariamente, desde hace treinta años, en ese edificio que rescataron del abandono. Por ese lugar debía pasar una autovía que iba a construirse sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento, razón por la cual se expropió el edificio a medio terminar. Pero el proyecto fue desestimado y el lugar se consolidó como refugio para familias sin techo. Hasta que el gobierno porteño impulsó su desalojo.

La presentación judicial que promueve la declaración de inconstitucionalidad sostiene que el veto fue dictado fuera del término que establece la Constitución porteña: diez días hábiles a partir de que el Poder Ejecutivo recibe la ley aprobada por la Legislatura.

“El expediente fue recibido el 2 de enero en mesa de entradas, mientras que el veto se dictó el 17 de enero, es decir, a los once días hábiles: un día tarde”, explican los abogados Andrés Bernal y Francisco Verbic, que patrocinan legalmente a los accionantes.

Según explicó Verbic a Página/12, “existen dos caminos para objetar el veto: uno es argumentando el derecho a la vivienda de las personas afectadas, ante la Justicia de primera instancia; la otra, por una vía excepcional, pidiendo que se analice en abstracto la constitucionalidad de la ley. Esto último es lo que vamos a hacer ante el Tribunal Superior”.

Los jueces del máximo tribunal porteño ya tienen en análisis una demanda por la inconstitucionalidad de otro veto: el presentado por la Confederación de Propietarios de Farmacias y el Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal por la anulación de la ley que prohibía la venta de medicamentos en kioscos. Pero en ese caso, el constitucionalista Daniel Sabsay –en representación de los farmacéuticos– argumentó que lo que se había retrasado no era la firma del veto, sino su publicación en el Boletín Oficial.

La ley vetada había sido redactada por la diputada Naddeo. Fue aprobada en el marco de un consenso entre la oposición y el oficialismo, por el cual el macrismo obtenía los votos para aprobar la venta de 23 inmuebles, con el fin de recaudar fondos destinados a la refacción del Teatro San Martín. Pero luego Macri le bajó el pulgar.

La presentación judicial puede ser un caso testigo, ya que ésta no es la única ley vetada fuera de término. Otras seis normas anuladas por Macri en enero se encuentran en la misma situación. Entre ellas, la que aumenta el subsidio a Teatro X la Identidad y la creación de un registro de cuidacoches. En febrero, legisladores del kirchnerismo habían reclamado la nulidad de los vetos, por la misma razón.