Desde Roma

Huelgas, manifestaciones y un “Vietnam parlamentario”, como algunos lo han definido, se perfilan en el horizonte italiano si la propuesta de reforma laboral que el gobierno de Mario Monti presentará en el Parlamento en los próximos días no consigue algunos cambios.

Desde hace un mes, la ministra de Trabajo, Elsa Fornero, se viene reuniendo con las tres centrales sindicales, la combativa y de izquierda CGIL, la socialista UIL y la filo católica CISL, además de los empresarios de la Confindustria, con el fin de reformar el mercado laboral y hacer, dice el gobierno, que la economía italiana sea más competitiva, abaratando el costo del trabajo y permitiendo mayor movilidad.

Pero, pese a que hasta ahora se ha llegado a un acuerdo parcial, el centroizquierda, y principalmente la CGIL, piensan que el gobierno ha vaciado de contenido el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que garantiza desde hace 40 años la estabilidad laboral.

En la propuesta del gobierno –que los industriales aprueban, lo mismo que el partido de Silvio Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL)–, la norma precedente se aplicará exclusivamente a los despidos discriminatorios, es de suponer por origen cultural o nacional, por edad, género y color de la piel, entre otros. En los casos de despidos por razones económicas, sólo se podrá recibir una indemnización, pero sin reintegración como era antes.

Esta modificación ha sido la piedra del escándalo porque, dice Susana Camusso, líder de la CGIL y que amenaza huelgas a granel, cualquiera podrá ser despedido argumentando exclusivamente causas económicas, aunque en realidad las razones sean otras.

Stefano Fassina, experto en Disciplinas Económicas y Sociales y responsable del sector Economía y Trabajo de la secretaría del Partido Democrático (ex comunista), explicó en una entrevista con Página/12 los alcances de estas medidas.

–Señor Fassina, ¿cuáles son las principales críticas a la propuesta del gobierno Monti?

–Digamos primero algunas cosas positivas, como la reducción de las formas contractuales precarias. El llamado “contrato a tiempo determinado”, por ejemplo, costará a la empresa más caro (desde el punto de vista de los impuestos, N.d.R.) que un contrato a tiempo indeterminado. En cambio, hay varias cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo. La indemnización por desocupación prevista en la propuesta no es extensible a los trabajadores precarios. Nosotros pedimos que cubra a todos los trabajadores. Otro punto es que se da poca atención a la formación, es decir a los programas que sirvan para reintroducir en el mercado laboral a los trabajadores que han sido despedidos.

–¿Y qué dice del muy discutido artículo 18?

–El gobierno ha hecho una propuesta en base a la cual si un trabajador es despedido por motivos económicos y si el juez considera que no son verdaderos, tiene la posibilidad de una compensación económica, pero no puede ser reintegrado. Nosotros pedimos al gobierno que introduzca también esta última posibilidad, como sucede en Alemania, donde el juez puede decidir si reintegrarlo o pagarle la compensación económica.

–Cuando la propuesta llegue al Parlamento, ¿se podrán hacer cambios efectivamente?

–Sí, es posible. Nosotros prepararemos varias enmiendas. Será difícil conseguir la mayoría para aprobarlas, pero daremos la batalla. Si no se aceptan nuestras proposiciones y el PD no vota, no creo que se alcance la mayoría. Aunque también depende de lo que hagan otros partidos de centroderecha como UDC y el Tercer Polo.

–¿Las reformas propuestas por el gobierno podrían crear nuevos puestos de trabajo en un país con cerca del 9 por ciento de desocupación general y casi el 28 por ciento juvenil?

–Francamente consideramos que las reglas del mercado de trabajo no crean nuevos puestos de trabajo, los que en cambio son creados con el desarrollo. Ahora se están haciendo algunos ajustes que en el mejor de los casos redistribuirán un poco el trabajo. Pero de esto no surgirán nuevos empleos ni ocupación para los jóvenes.

–Entonces, ¿cuál es el sentido de la propuesta del gobierno en última instancia?

–Según el gobierno, los inversores extranjeros consideran al artículo 18 y al mercado laboral italiano como un problema. Esta es una afirmación sin fundamento. Es la misma razón por las que se han tomados medidas similares en España, Portugal y Grecia. Los conservadores alemanes, la Comisión Europea, la Banca Central Europea, proponen estas intervenciones. Cambiar el artículo 18 tiende a reducir el poder de negociación de los sindicatos, a reducir el costo del trabajo y a aumentar la competitividad. Pero también las ganancias de ciertos sectores económicos.