El Tribunal Supremo de España rechazó ayer anular la sentencia por la que condenó a once años de inhabilitación a Baltasar Garzón, una decisión que abre la puerta a que el ex juez español recurra ante el Tribunal Constitucional. El jurista, considerado un pionero de la justicia universal, fue condenado en febrero pasado por autorizar escuchas telefónicas en prisión entre los principales implicados en el caso de corrupción Gürtel, que salpicó al gobernante Partido Popular (PP).

Su defensa había presentado esta petición como paso previo antes de acudir al Tribunal Constitucional, debido a que la mayoría de las demandas de nulidad son desestimadas. En la demanda, Garzón sostenía que la sentencia es arbitraria, irracional y manifiestamente injusta. “Incurre en contradicciones internas insalvables. El TS partió previamente de un designio incriminador, vulnerando la exigencia de imparcialidad subjetiva y objetiva exigible a todo órgano jurisdiccional.” Consideraba que se habían vulnerado varios derechos de Garzón, como el de no ser condenado por acciones que en el momento de producirse no constituyan delito o el derecho a un juez imparcial, pero la Sala de lo Penal del Supremo rechazó todos sus argumentos. “Se castiga una conducta ejecutada en una interpretación y aplicación de la norma que resultan absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho”, dijeron los siete magistrados en el auto difundido ayer. Los siete magistrados estimaron por unanimidad que, al acordar las escuchas, “Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”. Garzón, que alcanzó la fama mundial tras intentar extraditar al ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 y se convirtió en un paladín de las investigaciones de violaciones de derechos humanos en el mundo, fue expulsado de la carrera judicial a finales de febrero pasado, unas dos semanas después de ser condenado. “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”, afirmaba el auto.

El Tribunal Supremo español lo condenó por prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales al ordenar la grabación de las conversaciones en prisión de los presuntos cabecillas de la red de corrupción Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con varios abogados, un escándalo que salpicó al PP. El ex juez de 56 años, condenado por declararse en 2008 competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975) y luego absuelto, advirtió que si es necesario acudirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.