El gobierno conservador del presidente de España, Mariano Rajoy, presentó ayer un proyecto de ley de transparencia que incluye sanciones penales para los malos gestores públicos. Si bien esta ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a la Administración Pública a informar en qué gasta el dinero, la medida no afectaría al rey, ya que el gobierno no considera a la casa real como una institución dentro de la Administración Pública. La medida fue aprobada en el marco de la estricta política de ajuste impuesta en España ante la grave crisis económica del país.

“La ley va a contribuir a recuperar la credibilidad fuera del país porque traslada que las administraciones españolas van a cumplir con sus obligaciones de déficit”, aseguró Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la medida. “La ley establece medidas muy duras frente a los que no gestionan bien”, subrayó la funcionaria.

“Si los datos se ocultan o falsean de forma intencionada, será constitutivo de delito, lo que conllevará la inhabilitación durante al menos diez años y la correspondiente multa”, explicó la funcionaria.

Según la vicepresidenta, la ley trata de evitar que alguna administración diga que cumple el 6 por ciento de déficit y acabe dejando el país en un 8 por ciento, en referencia al déficit (8,5 por ciento) que dejó el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El actual Ejecutivo pretende rebajar el déficit hasta el 5,3, meta comprometida con la Unión Europea (UE) para este año, lo que se traduce en un ajuste de 35.000 millones de euros. Con la nueva norma, que llevaría el nombre Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el gobierno quiere completar la ley de estabilidad presupuestaria para que los cargos públicos sean transparentes y todos y cada uno respondan por los fondos que manejan, remarcó la número dos de Rajoy. La ley también incluye un código de buen gobierno, por primera vez con rango legal, para todas las administraciones (la central y los gobiernos regionales y municipales) y todos los cargos públicos. “Quien lo incumpla puede llegar a ser destituido de su cargo público e inhabilitado para ocupar alguno de los cargos incluidos en ley entre cinco y diez años”, subrayó Sáenz de Santamaría. La iniciativa, que recién es un anteproyecto, será sometida a trámite de audiencia pública, es decir que los ciudadanos tendrán 15 días –a partir del lunes– para hacer aportes a través de la web del Ministerio de la Presidencia, antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros y en el Parlamento.

España forma parte hasta ahora de un reducido grupo de países europeos que carecen de una normativa que regule el acceso a la información oficial. En la UE, 22 de los 27 estados miembro reconocen ese derecho a sus ciudadanos. Mariano Rajoy afirmó esta semana que la nueva ley permitirá que la gente sepa en qué se gasta su dinero.

En el marco de estas medidas que buscan hacer más creíble el profundo ajuste implementado por el gobierno español, una encuesta que se conoció ayer reveló que el 63,2 por ciento de los españoles considera que la reforma laboral contribuirá poco o nada a disminuir la desocupación.

Las conclusiones forman parte del último Indice de Opinión Pública, trabajo elaborado por la consultora Simple Lógica, socia de Gallup en España, y apuntan al corazón de una de las principales leyes con las que Rajoy cree que podrá sostener el ajuste para sacar al país de la profunda crisis en que está sumido. El muestreo señaló además que el 47,6 por ciento de los consultados se manifestaron en contra de la medida sindical anunciada por los dos grandes gremios para el 29 de marzo. Con todo, entre los jóvenes es mayoritaria la opinión favorable al paro, que alcanzó la cota del 61,2 por ciento. El informe destacó también que los encuestados de más edad son los más optimistas en cuanto a los posibles efectos de la reforma laboral, implementada por el gobierno del presidente Mariano Rajoy. En este caso, el 15,8 por ciento de aquellos que tienen 65 años o más señalaron que la reforma laboral contribuirá bastante o mucho a la disminución de la desocupación. Contrariamente, entre los encuestados con estudios universitarios y los de clase media-alta o alta, más del 55 por ciento opina que la reforma laboral tendrá poco o nulo efecto sobre el desempleo.