Desde Roma

“La ley de amnistía se aplica sólo en la jurisdicción de Brasil, Italia no sancionó ninguna ley de perdón en beneficio de los responsables de las desapariciones de dos ciudadanos italianos secuestrados en Brasil en 1980, dos víctimas del Plan Cóndor, en Italia no estamos obligados a perdonar a los culpables.”

Categórico, el procurador Giancarlo Capaldo afirma, durante una entrevista concedida en su oficina romana, que “ya hemos cerrado la fase indagatoria sobre el Plan Cóndor y ahora espero que el juez considere que hemos aportado elementos suficientes como para abrir una causa tal vez en este mes, puede ser después del 20 de abril”, contra ex militares y agentes de los servicios de inteligencia brasileños acusados de participar en las desapariciones de los ítalo-argentinos Horacio Domingo Campiglia Pedamonti y Lorenzo Ismael Viñas Gigli, secuestrados en Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, respectivamente.

“Son dos casos donde la participación brasileña nos parece que fue clara. A Campiglia lo capturaron cuando arribó al aeropuerto de Río (12 de marzo de 1980, junto a la argentina Mónica Pinus de Binstock, también desaparecida), no es posible que eso pueda ocurrir sin complicidad de autoridades brasileñas.”

Al continuar con el proceso sobre los crímenes cometidos durante la dictadura brasileña, Capaldo da por sentado que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y la amnistía de Joao Baptista Figueireido (1979-1985) es una anomalía jurídica, siguiendo un razonamiento similar al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Trece brasileños, entre los cuales están Figueireido y otros altos oficiales fallecidos, integran la lista de 146 jerarcas militares y agentes de inteligencia sudamericanos cuya detención fue requerida por la Procuraduría de Roma. No todos los represores murieron: el coronel Carlos Alberto Pozi, jefe del Servicio Nacional de Informaciones en Rio Grande do Sul el 26 de junio de 1980, cuando fue raptado Viñas, está vivo y al parecer saludable. O al menos lo suficiente como para criticar a los jóvenes que lo escracharon hace dos semanas en su residencia de Porto Alegre.

Hay quienes consideran a Capaldo como la versión italiana de Baltasar Garzón, pero de perfil más bajo y menos mercurial que el español. Ha dicho en varias entrevistas y lo repite ahora que su intención no es violar la soberanía de ningún país, sino aplicar el principio, universalmente avalado, de la extraterritorialidad, según el cual cualquier magistrado puede declararse competente para actuar contra acusados de violaciones de los derechos humanos.

“Como hizo el juez Baltasar Garzón” en 1998, cuando ordenó la prisión del chileno Augusto Pinochet, durante una visita privada a Londres, cita el fiscal romano. La caída de Garzón “no fue una buena noticia” para los pocos magistrados comprometidos con el esclarecimiento de los crímenes de Estado, que “pueden ver” en esa condena una advertencia, señala Capaldo, quien reconoce que en estos años de “trabajo duro” recogiendo pruebas en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile algunas veces se sintió solo.

“No fue sencillo llevar adelante este trabajo que iniciamos en 1998 sobre los brasileños y otros militares comprometidos en el Cóndor, si el juez decide recibir nuestras pruebas entraríamos en una nueva fase del proceso, sería un avance.”

“No hemos contado con la colaboración de las autoridades de los países sudamericanos en general, quienes nos apoyaron fueron los familiares y las organizaciones de víctimas. Hemos tenido muy poca colaboración de la Justicia y la policía de Brasil, necesitamos más documentos.”

Capaldo calibra las palabras, si emplea alguna jurídicamente inapropiada la corrige, se expresa pausadamente, es amable sin dejar de guardar distancia con el reportero. Está interesado en Brasil y hace algunas preguntas sobre la presidenta Dilma Rousseff, de quien conoce poco y nada. Cuando se habla de la Comisión de la Verdad, demuestra bastante interés en el asunto y hasta hace algunas anotaciones en su agenda. “Creo que esa comisión nos puede ayudar en lo que respecta a la obtención de testimonios y de más informaciones sobre cómo funcionaba el Cóndor en Brasil, no se sabe mucho de cuál fue la participación de Brasil (en esa red), tenemos más datos de lo que hicieron Argentina o Uruguay.” Y es que en Brasil rige una amnistía que impide que se juzgue a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Si algún militar fuera hallado culpable en Roma, sería la primera condena a un uniformado brasileño.

Familiares de desaparecidos latinoamericanos que conocen el mundillo de la Justicia italiana lo caracterizan como un fiscal serio y hermético, algunos le reprochan la demora en acumular pruebas para la apertura de la causa. “El tiempo que nos demandó este trabajo se debe a que no podemos presentar cualquier cosa al juez, tengo miles de fojas sobre varios países, sobre Argentina, Uruguay, Chile... son más de 140 imputados, hay más de 20 italianos víctimas del Cóndor, el problema es que si uno lleva algo poco fundamentado el juez no hace lugar y todo el trabajo fue en vano.” “Usted me pregunta si soy optimista sobre la decisión del juez... es difícil responder, no sé si lo soy.”