La incapacidad para frenar los actos de violencia entre presos y carceleros en las prisiones de la región es una de las principales preocupaciones del último documento elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Difundido ayer, el “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas” describe un panorama por demás desalentador en las cárceles de Venezuela al mencionar que, según ese Estado, en el período 2005-2009 hubo 1865 muertos y 4538 heridos por motines, riñas y peleas. El hacinamiento es otro de los problemas señalados y las cárceles mexicanas se destacan en ese sentido. “Los dormitorios no tenían ventilación y todas las torres donde se encontraban los internos estaban sobrepobladas”, menciona la CIDH una visita realizada por el Comité contra la Tortura al Centro Penitenciario Santa María Ixcotele en Oaxaca, México.

Los observadores del comité también advirtieron cómo, en caso de que se produjera un incendio, sería difícil evacuarlos (360 reos murieron el 14 de febrero en la Granja Penal de Comayagua, región ubicada en el corazón de Honduras). Separados por la capacidad de pagar la “cuota”, los presos del dormitorio 19 no tenían contacto con sus compañeros de la “zona privilegiada”, donde otros presos con dinero eran visitados por sus familias para cocinar juntos o emprender negocios dentro del mismo centro. Para la CIDH, las autoridades carcelarias fueron “manifiestamente negligentes”.

Buena parte de las cárceles de la región “son ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización” en los que imperan “la arbitrariedad y la corrupción”, evaluó la CIDH. Sumado a esto, serias deficiencias estructurales y, en general, la negligencia estatal hacen que “en buena parte de las cárceles de las Américas no sólo se violen los derechos fundamentales de los presos”, sino que éstas “no cumplan su función de readaptarlos a la sociedad”, remarcó esa organización. La sobrepoblación, las deficientes condiciones de reclusión y los altos índices de violencia carcelaria, unidos a la falta de control efectivo de las autoridades, son otros de los problemas “más graves y extendidos” en las cárceles de la región.

El informe también destaca el “empleo de la tortura con fines de investigación criminal” y el “uso excesivo de la fuerza” y de la detención preventiva como datos negativos. En el informe, presentado ayer en Washington por el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), se denuncia la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables y la falta de programas laborales y educativos, además de “corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria”.

Todo ello demuestra la existencia de “serias deficiencias estructurales” que “afectan gravemente a derechos humanos inderogables” como el derecho a la vida y la integridad personal de los reclusos, apunta la CIDH y agrega que esta situación impide además que en la práctica las sentencias de cárcel cumplan con su finalidad esencial: la reforma de los condenados, “algo especialmente grave dada la juventud de buena parte de la población carcelaria”. Este hecho “hace aún más imprescindible que se desarrollen políticas efectivas de rehabilitación”, que incluyan “oportunidades de estudio y trabajo”, ya que se trata de “una población que puede tener una vida productiva por delante y que, de no ser así, corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal”, advierte el dossier.

Para la CIDH, esta realidad generalizada de las cárceles de la región es resultado tanto de “décadas de desatención del problema carcelario” por parte de los gobiernos de la región, como por una “apatía de la sociedad”, que prefiere no mirar hacia el problema carcelario, lo que conlleva a que los centros de privación de libertad se hayan convertido en “ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización”, en los que imperan “la arbitrariedad y la corrupción”. La falta de un control efectivo de los centros penales por parte de las autoridades estatales, alerta la CIDH, provoca además graves situaciones como el “autogobierno” o de “gobierno compartido” de las cárceles, producto a su vez también de la “corrupción endémica en muchos sistemas”. También es causa de los altos índices de violencia carcelaria y de que desde las cárceles se organicen y dirijan hechos delictivos, agrega la comisión.