Un “colchonazo” frente a la Jefatura de Gobierno porteña, medida que consistió en cortar la Avenida de Mayo con una fila de colchones, fue la forma que eligieron las familias desalojadas el lunes de un hotel de Constitución, respaldadas por organizaciones sociales, para reclamar soluciones habitacionales y repudiar un procedimiento que vulneró sus más elementales derechos. “Nunca hemos visto un desalojo de estas características”, dijo a Página/12 Mario Kestelboim, el defensor general de la Justicia porteña que presentó un pedido de juicio político contra la jueza que dispuso la medida, por “mal desempeño de sus funciones”. “No notificó a las personas, no les dio derecho a la defensa y no cumplió con los recaudos previstos para los desalojos”, enumeró el defensor.

En tanto, la Justicia porteña tramita la apelación del desalojo presentada por el defensor oficial que representa a la familias, Federico Stolte. El recurso tramita ya en la Sala II de la Cámara de Apelaciones, ante la cual el defensor pedirá que se expida en un plazo breve “ya que hay familias con niños en la calle”.

Kestelboim consideró que la orden impartida por la jueza María Fernanda Botana “es de una gravedad demasiado importante como para dejarla pasar, ya que demuestra una insensibilidad total” por parte de la funcionaria. Es que la jueza, que debía resolver una denuncia por usurpación en una de los cuartos del hotel, resolvió desalojar a los inquilinos de las 33 habitaciones, sin previo aviso y sin implementar los protocolos de rigor, como la presencia de una ambulancia y la garantía de una solución habitacional, teniendo en cuenta que entre los afectados hay más de treinta niños.

Para peor, según el defensor oficial Stolte, “al menos cinco familias pagaban la habitación del hotel con un subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social, al cual le presentaban el correspondiente recibo”, por lo cual de ninguna manera podrían ser considerados usurpadores. “Hay familias con mucha antigüedad en el lugar, entre dos y ocho años”, agregó el defensor.

La Defensoría también presentó un recurso de amparo que resolvió favorablemente la jueza Andrea Danas, quien ordenó al gobierno porteño “proveer de baños químicos, viandas, leche, agua y pañales” a las personas que desde el lunes acampan frente al hotel.

“Desde el primer día se les ofreció alojarse en paradores u otorgarles subsidios habitacionales, pero ellos lo rechazaron”, dijo a este diario un vocero del Ministerio de Desarrollo Social porteño. “Recién hoy (por ayer) cinco familias aceptaron el subsidio de 1200 pesos”, agregó. Ese subsidio se mantiene durante diez meses y es renovable.

El pedido de juicio político contra la jueza Botana fue presentado el martes y al día siguiente Kestelboim lo ratificó. Recién el lunes la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura terminará de conformarse –sus integrantes fueron electos recientemente– y comenzará a estudiar el caso. La denuncia contra la jueza removió la interna judicial porteña: desde la fiscalía general de Germán Garavano respaldaron a la magistrada, que no habría recibido el mismo apoyo en el Colegio de Magistrados de la Ciudad.

A la cuestionada decisión de la jueza se sumó el accionar de la Policía Metropolitana, que no permitió a los afectados retirar sus pertenencias. El procedimiento agregó así una dosis de brutalidad a la deficiente política habitacional de la gestión PRO.