El Mercosur ya comenzó el Operativo Cerrojo sobre el gobierno paraguayo de Federico Franco y anunció el primer derecho que perdió Paraguay: no participará de la reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizará esta semana en Mendoza.

La información surgió de un comunicado de la Cancillería argentina, porque el país tiene hoy la presidencia pro témpore del bloque que integran, además de Paraguay y la Argentina, Brasil y Uruguay.

El texto dice que en Paraguay se produjo una “ruptura del orden democrático”. La frase ya fue utilizada por el canciller argentino Héctor Timerman en un reportaje publicado ayer por este diario y está tomada de la cláusula democrática firmada en Ushuaia por los cuatro miembros plenos, en compañía de Bolivia y Chile en 1997.

También se realizará una cumbre de Unasur, aunque los presidentes todavía no decidieron si coincidirá con la de Mercosur o no. La presidencia pro témpore, en este caso, la tiene Paraguay.

Lugo fue invitado a la reunión del Mercosur. Una alternativa bajo análisis es si en el caso de Unasur será él quien entregue la presidencia pro témpore a Ollanta Humala, el jefe del Estado peruano que ya estaba designado para desempeñarla.

Federico Franco y su canciller, José Félix Fernández Estigarribia, comenzaron una estrategia de presentar a Lugo como el eventual responsable de un aislamiento de Paraguay por parte de la región.

Franco dijo que Lugo es la persona clave del conflicto internacional y el canciller fue aún más lejos: “Como ex presidente y como ciudadano paraguayo, Lugo tiene la obligación de contribuir a construir los puentes necesarios para las relaciones diplomáticas de Paraguay”. De ahí a culpabilizarlo habría solo un paso. Fernández Estigarribia fue también el que calificó la masacre de once campesinos y seis policías que sirvió como argumento para desatar el juicio político decisivo tras 23 intentos anteriores por parte del Congreso como “la más grande de la historia del Paraguay”. Aunque la supresión de una sola vida es un hecho absoluto en términos individuales, en la historia paraguaya del Siglo XX, por tomar solo un período, Alfredo Stroessner gobernó bajo un régimen dictatorial entre 1954 y 1989. Una de las etapas fue la del Plan Cóndor, que coordinó la represión, el intercambio de secuestrados y el espionaje en el Cono Sur. Stroessner fue derrocado por el general Andrés Rodríguez en un movimiento con participación decisiva del gobierno de Raúl Alfonsín, que todavía era presidente. Allí comenzó un proceso de transición democrática con presidentes colorados y opositores liberales. El mandato de Lugo, iniciado en 2008, alteró esa fórmula. Hasta el viernes fue un presidente no colorado, aunque gracias a su alianza con sectores blancos y con sectores colorados. De todos modos, es el presidente no colorado al que le fue impedida la chance de llegar al final del mandato aunque faltaran solo nueve meses para las elecciones de 2013.

Ayer, Carlos Filizzola, ex ministro del Interior de Lugo, dijo en un planteo de máxima que la única posibilidad de salida es “que Lugo retome el poder”.

Para Filizzola, la destitución de Lugo fue “un hondurazo”. Se refirió al derrocamiento de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras electo constitucionalmente.

El 28 de junio de 2009, luego de un golpe militar, Zelaya fue deportado. La Organización de los Estados Americanos repudió el golpe. La Argentina y Brasil fueron más allá. Dijeron que sentaba un precedente peligroso luego de una etapa inédita de estabilidad institucional en la región. El entonces presidente Lula acompañó la declaración con un gesto concreto: Zelaya volvió a Honduras y utilizó la hospitalidad extraterritorial de la embajada brasileña. Cristina Fernández de Kirchner, que iba por su primer mandato, viajó a América Central para seguir la suerte de Zelaya y la Argentina actuó en coordinación con el gobierno brasileño.

Sin que cada país haya hecho exactamente lo mismo, porque la Argentina retiró a su embajador y Brasil llamó al suyo en consulta, una forma de protesta diplomática, los dos Estados más grandes de Sudamérica funcionaron otra vez en sintonía ante la destitución de Lugo. La Presidenta dijo que “fue un golpe” y la presidenta brasileña Dilma Rousseff advirtió de entrada que Paraguay podría ser separado de Unasur.

El cuadro amplio de la región muestra que Venezuela retiró embajador y Uruguay y Chile llamaron a los suyos en consulta.

Como informó ayer este diario, la Argentina, Brasil y Uruguay están discutiendo el modo de llevar a cabo la incorporación de Venezuela como miembro pleno de Mercosur. Lo impedía la bolilla negra del Senado paraguayo, la única cámara de las ocho del Mercosur que no aprobó el acuerdo de ratificación de la medida. Ya en la última cumbre del Mercosur, los presidentes discutieron un cambio de reglamento que permitiese sumar a Venezuela. El comunicado de la Cancillería de ayer supone la aplicación de una cláusula que suspende derechos y obligaciones de uno de los Estados miembros. Uno de esos derechos y obligaciones es, precisamente, la ratificación de la entrada de un miembro pleno. En el caso argentino, la Presidencia recibió de la Cancillería el fin de semana un menú completo de opciones sobre este tema.

Venezuela no sólo retiró al embajador sino que anunció el corte de las exportaciones de hidrocarburos y derivados a Paraguay. Según el diario ABC Color, el 30 por ciento del gasoil que se consume es venezolano y Paraguay tiene una deuda de 300 millones de dólares con la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

El artículo cuarto de la cláusula democrática del Mercosur estipula que “en caso de ruptura del orden democrático en un Estado Parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado”. El artículo quinto dice que “cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente”. Las medidas “abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.

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