La destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, abrió un debate entre intelectuales y políticos respecto de las nuevas formas de golpismo en América latina. Los presidentes de la Unasur resolvieron en la cumbre de Mendoza que se trató de “una ruptura del orden democrático” y, en concordancia con el Protocolo de Ushuaia, suspendieron la participación de Paraguay en ese bloque regional y también en el Mercosur. Sin embargo, la contundente y unánime respuesta política regional no agotó el debate intelectual que sigue generando controversias. Página/12 consultó a los politólogos Aníbal Pérez-Liñán y Amílcar Salas Oroño y también al director nacional electoral, Alejandro Tullio, quienes compartieron críticas al proceso de remoción de Lugo, pero también señalaron que la debilidad política del mandatario depuesto contribuyó al desenlace irregular de la crisis paraguaya.

“Es tentador llamar a lo que ocurrió en Paraguay como golpe de Estado, pero creo que es un error porque no permite entender claramente lo que sucedió. No hubo una operación militar en contra del presidente electo, como en Honduras hace tres años. En Paraguay, el Congreso abusó de su autoridad constitucional para destituir al presidente”, sostiene Pérez-Liñán, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Nôtre-Dame y uno de los mayores especialistas argentinos en política comparada latinoamericana. Pérez-Liñán, además, es autor del libro Juicio Político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, que analiza las crisis presidenciales de la región durante los últimos veinte años, en donde cayeron 21 presidentes, pero sólo en tres hubo intervención militar. Para Pérez-Liñán, “estirar” la etiqueta de golpe de Estado lleva a “un callejón sin salida”, porque podría derivar en que toda caída de un presidente pueda ser denunciada ante la OEA como un golpe y, según mayorías circunstanciales, convertirse en un recurso de “intervención arbitraria”.

“En cualquier caso, la caída de un presidente electo es una tragedia constitucional, pero la desmilitarización de la política latinoamericana en los últimos veinte años es un logro que no debe ser ocultado por un juego de palabras”, concluye el docente de la Universidad de Pittsburgh que, si bien calificó como “dudoso” el proceso de juicio político, afirmó que su legalidad está dada por la autoridad constitucional del Congreso para llevarlo adelante.

Desde otra perspectiva, para Salas Oroño se trata sin dudas de un golpe de Estado, “tanto por falta de demostración sustantiva y articulada de argumentos expuestos en el juicio político como por la ausencia de una posibilidad efectiva de defensa”. Doctor en Ciencias Sociales de la UBA e investigador del Instituto de Estudios de América latina y el Caribe dependiente de la misma universidad, Salas Oroño advierte que el caso paraguayo constituye un ejemplo de lo que denomina la implantación de una “ideología parlamentarista” como un fenómeno construido con el esfuerzo combinado de las elites conservadoras en cada país en alianza con los medios de comunicación, “que fuerzan una específica interpretación de la realidad en la que se desvaloriza la legitimidad de los poderes ejecutivos”.

“De un lado se encuentran determinados Poderes Ejecutivos que, con mayor o menor determinación, se plantean como horizonte político desagregar los elementos tradicionales de las dialécticas neoliberales. Del otro, Parlamentos que funcionan como refugios institucionales para la reorganización política de las diferentes oposiciones. Lo que no pueden lograr de otra forma, los sectores opositores lo encuentran a través del Parlamento”, explica Salas Oroño.

Tomando esta idea, para Salas Oroño el principal déficit del gobierno de Lugo debería ubicarse en el plano político: “En comparación con los otros gobiernos del mismo signo en el Cono Sur, que también tienen deudas sociales en su haber, Lugo no logró, ni siquiera, un cambio en los realineamientos de las identidades políticopartidarias. La debilidad de las fronteras políticas que trazó no sirvió ni para retener a sus propios aliados; a fin de cuentas, fue el Partido Liberal el que definió la suerte del Presidente”, concluye.

En un sentido similar, el abogado y titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, cuestionó la actitud del Senado paraguayo y argumentó que en la Constitución “hay conceptos que no explicita porque su significado esta implícito”. Uno de esos significados implícitos es el de juicio, “que requiere de acusación circunstanciada en hechos, ejercicio sustancial –no formal– del derecho de defensa y, además, una sentencia fundada”. Para Tullio el Senado en los hechos no juzgó ni sentenció, sino decidió y votó la destitución “en un ejercicio autojustificativo donde el fundamento de la decisión es únicamente la facultad legal de tomarla”. Según Tullio, esta actitud se condice con “una especie impropia de revocatoria de mandato” por parte del Senado, la cual es impropia porque sólo puede revocar quien otorga el mandato que es el pueblo paraguayo.

El debate no parece encontrar una conclusión común al final del análisis. La calificación como golpe de Estado depende, en gran medida, del énfasis que se les otorgue a las irregularidades reconocidas por los intelectuales en el proceso de destitución, encabezadas por la falta de un ejercicio real del derecho de defensa, la falta de rigor en la acusación realizada por la Cámara de Diputados y los plazos acelerados que sirvieron para evitar el impacto de la presión internacional.

Este análisis va en sintonía con las palabras del secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien afirmó en referencia al caso que “el estricto apego a la letra formal de la norma no significa necesariamente el apego a los principios”.