No sólo la banca afronta dificultades extraordinarias en la España en crisis. Los gobiernos regionales también han comenzado a acusar recibo de la falta de liquidez que agobia al Estado en su conjunto y tres Comunidades Autónomas –Valencia, Murcia y Cataluña– ya han pedido durante los últimos días la ayuda de Madrid para afrontar los vencimientos de su deuda pública. La situación es crítica y afecta al menos al 70 por ciento de las regiones. La catástrofe financiera pone en tela de juicio al mismísimo modelo de Estado asumido por España en la Constitución de 1978 que sirvió para resolver sus tensiones nacionalistas internas. El actual gobierno del Partido Popular, con una tradición política de escaso apego al llamado “modelo autonómico” de corte federalista, empeora las cosas haciendo gala de un autoritarismo inusual con los gobiernos regionales que amenaza en hacer saltar en pedazos acuerdos constitucionales fundamentales.

“Si no cumplen con los objetivos del déficit los vamos a intervenir”, amenazó en abril de este año el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a las autonomías regionales remisas a recortar el gasto público en el peor momento de la crisis económica y social que vive la península. El trascendido, que fue publicado inmediatamente por el diario El País de Madrid, despertó una ola de indignación sobre todo en las regiones que tienen identidad nacional propia –País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias–, que pusieron el grito en el cielo ante la mera posibilidad de que ocurra algo inédito en la historia democrática española reciente.

La tensión se hizo finalmente pública el pasado 12 de julio, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que coordina la política económica del gobierno central con los consejeros de Economía de las regiones. El gobierno del PP endureció el déficit fiscal máximo que autoriza a las regiones en base a su PBI del 1,1 por ciento al 0,7 para el año 2013, lo que en la práctica se traduce en mayores recortes en el gasto público de los gobiernos autonómicos. Madrid busca de ese modo compartir el desgaste político que implican estas medidas antipopulares con los gobiernos de cada región. Pero las amenazas de intervención causaron suspicacias importantes y ni siquiera la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico, un instrumento para garantizar que los gobiernos regionales puedan pagar sus vencimientos de deuda, ha servido para poner paños fríos suficientes.

Para comprender la magnitud de lo que está en juego, hay que remontarse a la reforma constitucional de 1978, que aprobó la figura de la Comunidad Autónoma para intentar zanjar de una manera pacífica la pugna entre el Estado centralista con eje en Madrid al que siempre aspiró la derecha más rancia y el Estado federal que pedían las regiones que reivindican una identidad lingüística y cultural diferente y que forman parte de territorios anexados al reino de España en los tiempos del Imperio. Durante todo el siglo XX, España padeció enormes tensiones internas a cuenta de este conflicto de larga data, que tuvieron su máxima expresión durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, cuando los gobiernos de estas comunidades históricas apoyaron en masa a la República que les había reconocido por primera vez un amplio margen de autonomía. La dictadura franquista acalló los reclamos nacionalistas internos a sangre y fuego y la Constitución del ’78 recuperó la figura de Comunidad Autonómica para evitar hablar de “federalismo”, una palabra que le pone los pelos de punta a la derecha más rancia.

Pero el Partido Popular, que expresa a gran parte de esta visión conservadora del Estado, no digirió ni asumió como propio el programa autonómico y siempre trató de ponerle palos en la rueda. Así quedó demostrado, por ejemplo, en 2006, cuando el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero promovió la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña. Sólo el primer artículo que afirmaba que “Cataluña es una nación” despertó ampollas y llevó el tema a los tribunales superiores de Justicia que finalmente devolvieron a Barcelona una versión lavada del nuevo estatuto que no convenció ni a tirios ni a troyanos. Sobre este material inflamable de alta peligrosidad dispara ahora chispas la crisis económica. Y a las tensiones políticas que se generan por la aplicación de medidas antipopulares y de corte neoliberal se les suman ahora las que provocan las ansias de intervención centralistas de Madrid con el objetivo de controlar las cuentas públicas.