El gobierno griego, que dirige el conservador Antonis Samaras, logró ayer que el Parlamento ratifique el plan de privatizaciones exigido por la troika para profundizar los ajustes. Ante esta decisión, los sindicatos griegos convocaron para la semana próxima una huela general de 48 horas.

Esta iniciativa –que allana el camino a la venta de aeropuertos, sociedades eléctricas y otras empresas estatales– elimina el porcentaje mínimo de capital que debe tener el Estado en las hasta ahora empresas públicas y amplía hasta los 99 años el período en que se puede dar la concesión de un bien público a empresas privadas. Otro artículo relevante votado ayer permite que la decisión de las privatizaciones pueda ser tomada por Taiped, un organismo estatal de funcionamiento independiente, sin necesidad de recibir el visto bueno del Parlamento, algo que exigían los socios progresistas del gobierno, los partidos Pasok y Dimar. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados del plan es que el gobierno redujo ostensiblemente la cantidad de dinero que prevé ingresar a través de las privatizaciones y concesiones de propiedades estatales.

Considerada como un importante test para la supervivencia del gobierno de coalición, la ley de privatizaciones obtuvo el apoyo de 148 diputados frente a 139 votos en contra y registró un número de apoyos menor al número de escaños con que cuenta la coalición gobernante formada por el partido conservador Nueva Democracia, con 127 diputados; el Pasok, con 33, y Dimar, con 16. Los resultados de la jornada mostraron la fragilidad de la coalición que dirige Samaras de cara a la crucial votación de la semana que viene, en la que se debe ratificar los recortes presupuestarios para 2013 y una serie de reformas estructurales y de flexibilización laboral que despiertan el rechazo de parte de la coalición gobernante. Una muestra de esta división fue la ausencia en la votación del líder del Pasok, Evangelos Venizelos, y de Dimar, Fotis Kuvelis.

En el primer plan de reformas estructurales firmado en 2010 por la troika –Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional (FMI)– y el gobierno griego se vaticinaba que ingresarían 50 mil millones de euros hasta 2015. Esta cifra fue reducida ya en el nuevo acuerdo, alcanzado a principios de este año, a los 19 mil millones de euros. Pero ahora, las previsiones del gobierno admiten que en total los ingresos del Estado heleno no superarán los 11.145 millones de euros, a pesar de que se amplió el período hasta finales de 2016, según explicó el presidente de Taiped. Takis Azanasopulos, en el Parlamento.

En tanto, según las previsiones incluidas en los presupuestos para el 2013, la economía griega se contraerá un 4,5 por ciento el año próximo, sexto año consecutivo de recesión, en el que la deuda se incrementará al 189 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). En términos absolutos, la deuda del Estado griego alcanzará los 346.200 millones de euros a finales de 2013, menor que la que existía al final de 2011, con 355.657 millones de euros, pero la contracción del PIB ha hecho que su sostenibilidad sea cada vez menor: si en 2011 la deuda suponía un 170,6 por ciento del PIB, a finales de 2012 se incrementará al 175,6 por ciento y al 189,1 por ciento en 2013. Las previsiones, presentadas ayer al Parlamento heleno por el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, son sensiblemente peores a las calculadas a inicios de mes, en el primer borrador del Presupuesto, donde se vaticinaba una recesión del 3,8 por ciento del PBI, y han sido revisadas. Esta contracción de la economía es uno de los factores determinantes de la creciente insostenibilidad de la deuda pública griega.