Representantes de la Comisión de la Verdad de Brasil consideraron ayer que la Ley de Amnistía vigente en el país no obstaculiza su misión. El grupo de juristas y expertos investiga las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.

“La Ley de Amnistía ni nos ayuda ni nos obstaculiza”, dijo Paulo Sergio Pinheiro, miembro de la Comisión, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en San Pablo. Pinheiro precisó que la citada norma, aprobada en 1979, y que impide llevar ante la Justicia a los acusados de crímenes durante la última dictadura militar (1964-1985), no supone una traba al mandato de la Comisión, que es investigar y esclarecer las violaciones de derechos. El experto, quien también preside la Comisión independiente auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar crímenes de guerra en Siria, explicó que la Comisión de la Verdad brasileña no tiene atribuciones de tribunal o fiscalía, por tanto no está sometida a los rigores de los procesos judiciales. La Comisión tiene un grupo de trabajo que investiga el Plan Cóndor, plan de cooperación para la represión política pactado entre los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Pinheiro explicó que el número oficial de desaparecidos computado en Brasil es de 400, pero que hay unos 200 más que no están acogidos en esos registros y son investigados por la Comisión. Además negó haber recibido resistencia por parte de militares en activo y dijo que tras la instalación de la misma los mandos castrenses han permanecido en silencio. Según dijo, la Comisión tiene a su disposición archivos del Ministerio de Exteriores y de varios Departamentos de Orden Política y Social (DOPS), los órganos de represión a políticos y sindicalistas opositores a la dictadura.

Por otra parte, el ex ministro José Carlos Dias, abogado criminalista que ha defendido a presos políticos y también integrante de la Comisión, consideró que la ley tiene una consecuencia positiva porque otorga “más tranquilidad, más certeza y más expectativa” de poder investigar con éxito, porque las personas pueden hablar y no serán penalizadas. “El gran desafío que tenemos es con la verdad”, dijo. Dias explicó que la Comisión, establecida en mayo por la presidenta Dilma Rousseff, quien fue víctima de torturas, tiene un compromiso con el Estado, con la historia y con la humanidad. Sobre la supuesta quema de algunos archivos que ya no estarían disponibles, Dias expresó que se investigará y determinarán responsabilidades en el caso de que sea cierta la destrucción de esos documentos.

La Comisión, que revelará el resultado de sus investigaciones en mayo de 2014, también lleva a cabo trabajos de investigación sobre la trama empresarial que ofrecía financiación y el papel de la Iglesia durante la dictadura.