Luego de la denuncia del Gobierno, el fiscal federal Eduardo Taiano decidió abrir la investigación contra el camarista Francisco De las Carreras por el delito de haber recibido “dádivas”. El juez integra la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que entiende en la causa interpuesta por el Grupo Clarín para evitar adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según el fiscal, el escrito presentado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, suministra “una serie de indicios sobre la posible relación entre la asociación sin fines de lucro que habría otorgado el beneficio (Certal), Cappsa, y el Grupo Clarín”.

Taiano consideró que había elementos para iniciar la investigación sobre la actitud de De las Carreras, a fin de determinar si hubo recepción de “dádivas” por parte del multimedio. Hace dos semanas el camarista fue denunciado por asistir a la III Cumbre de Medios de Comunicación, auspiciada por Cablevisión y organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información en América Latina (CERTAL), que integran directivos del Grupo Clarín y cuya coordinadora en Argentina es Ana Inés Recondo, hija del camarista y miembro del Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo.

Si bien se trata de una etapa preliminar de la causa, el fiscal sostuvo que los indicios aportados en la denuncia de Abal Medina –que cuenta con el patrocinio de la procuradora del Tesoro de la Nación, María Esther Abbona– “darían cuenta de la presencia dominante de directivos del Grupo Clarín en las organizaciones que defienden intereses empresarios en materia de medios de comunicación, de modo que el Grupo Clarín es quien verdaderamente controla, habida cuenta de su notable poderío económico”.

Los denunciantes aseguran que “la invitación a un supuesto acontecimiento académico no fue otra cosa que el otorgamiento de un beneficio para el magistrado De las Carreras, tanto por lo hasta aquí realizado por su actividad jurisdiccional (otorgó dos medidas favorables al Grupo Clarín) como por lo que en lo inmediato debería hacer, en el marco de su competencia en la causa ‘grupo Clarín y otros s/medidas cautelares’”. “Para lograr ese cometido se habría utilizado como pantalla la estructura de una asociación sin fines de lucro, el Certal, el cual desarrolla bajo ese paraguas conceptual una deliberada estrategia de presión sobre gobiernos, dirigentes, jueces y opinión pública en general, con el propósito de mantener los privilegios de los grupos monopólicos que la financian”, agrega Abal Medina.

Además, el texto detalla que uno de los principales financistas del Certal –la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa)– tiene como uno de sus principales asociados a la empresa del Grupo Clarín Artear SA.