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El Parlamento regional de Madrid dio luz verde a un plan privatizador de la sanidad pública que mantiene desde hace varias semanas en pie de guerra a los médicos de la comunidad autónoma, ubicada en el corazón de gobierno español. La Asamblea de Madrid, gracias a la mayoría absoluta de la que goza en ese recinto el Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy, aprobó una legislación que permitirá privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, el 10 por ciento de los que tiene la región, que cuenta con una población de 6,5 millones de habitantes. Además, se cobrará un euro por receta a partir de enero, medida que ya aplica el gobierno regional de Cataluña y que ha sido recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional.

La oposición, abroquelada en el Partido Socialista Español, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, votó en bloque contra la controvertida Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida también como la ley de acompañamiento de los Presupuestos regionales. El PP no aceptó ninguna de las 200 enmiendas presentadas por los opositores (81 de IU, 78 del PSOE y 60 de UPyD).

Esos hospitales seguirán siendo de acceso gratuito para los ciudadanos. Lo que cambia con esta nueva legislación es la gestión de estos centros de salud, que pasarán a manos de empresas. Según el Ejecutivo regional, presidido por el legislador Ignacio González, del PP, la crisis económica y la reducción del presupuesto sanitario, que deriva de los recortes impulsados por el conservador partido que encabeza Rajoy, lo han llevado a tomar esa medida para ahorrar en el gasto público. Los médicos y otros profesionales de la sanidad pública, acompañados por los madrileños, aseguran que el plan privatizador mermará la calidad de la vapuleada salud española. Los trabajadores de la sanidad pública de otras regiones de la península temen que el ejemplo de Madrid pueda replicarse más pronto que tarde en otras provincias.

Por su parte, los médicos de la Comunidad de Madrid llevan cinco semanas en huelga, período en el cual organizaron manifestaciones y encierros en los centros de salud para rechazar el plan que el gobierno regional presentó por sorpresa en octubre y sin haber escuchado a ese sector al momento de elaborarlo. Los trabajadores de la salud y la oposición creen que detrás de estas medidas existe un planteamiento ideológico que pretende imponerse a los madrileños aprovechando la crisis económica.

En este sentido, el diputado del PSOE, Antonio Miguel Carmona, pidió la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, porque considera que los planes del gobierno regional no buscan eficiencia, sino hacer negocio.

Hasta el momento, la huelga que llevan adelante los médicos ha dejado un balance de cerca de 40.000 consultas canceladas y más de 6200 operaciones suspendidas, según datos suministrados por el Ejecutivo regional. Más de 150 médicos presentaron ayer, de forma simbólica ante el Colegio de Médicos de Madrid, una carta de renuncia de las comisiones y juntas técnicas asesoras a las que pertenecen para representar así el fin de su colaboración en la gestión de la sanidad pública madrileña.

La vocero de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), Fátima Brañas, manifestó que esas dimisiones de órganos asesores simbolizan la ruptura de la relación de confianza entre la Consejería de Sanidad y los médicos. Asimismo, Brañas agregó que, hasta ahora, el gobierno regional mostró mucha falta de diálogo y el hecho de que tenga mayoría absoluta en la Asamblea provocó que no consideren la opinión y el clamor popular de los médicos y los ciudadanos que han salido a la calle a manifestar su repudio contra la privatización de la salud.