Desde Paraná

La bronca sobrevino después de la impaciencia. Gritos y desolación coronaron la lectura de un fallo que dejó un dejo de amargura en los familiares de las víctimas. Cuatro condenas, el reconocimiento del genocidio que hubo en el país, pero nadie irá a la cárcel, todos conservarán el beneficio del arresto domiciliario. “Es un acto de justicia, más allá de las expectativas que tenía la gente; y es un acto de justicia que a las víctimas no se les dio. Se determinó que hubo cuatro personas responsables de hechos que pasaron hace 36 años; eso es lo más importante”, enfatizó Emanuel Dezorzi, hijo de una de las víctimas.

Una hora y media después del horario previsto, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Lilia Carnero, leyó finalmente la sentencia del juicio a los represores que actuaron en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. Después de nueve meses de debate oral –y más de treinta años de espera–, fueron condenados cuatro de los siete imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de torturas y las de-sapariciones de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Dezorzi.

Fueron condenados a reclusión perpetua Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino, ex jefes de los regimientos de Concordia y Gualeguaychú; el ex policía federal de Concepción del Uruguay Julio César Rodríguez recibió la pena de 15 años de prisión y su compañero de armas Francisco Crescenzo fue condenado a 10 años. Y hubo tres absoluciones: quien fuera jefe de sección en el Escuadrón de Gualeguaychú, Santiago Kelly del Moral; el ex jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, Marcelo Alfredo Pérez, y el ex jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Policía de Gualeguaychú, Juan Carlos Mondragón. Las razones se conocerán el 3 de abril, cuando el tribunal dé a conocer los fundamentos de la sentencia.

De esta manera terminó el juicio que se inició en marzo pasado y que tuvo entre los acusados al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta su fallecimiento, el 29 de octubre. Aun con la limitación de no conocer los fundamentos, el fallo permite, sin embargo, algunas valoraciones que tuvieron en cuenta los jueces a la hora de dictar sentencia. El tribunal reconoció que “las conductas imputadas constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983”.

Este punto fue celebrado por el abogado querellante Marcelo Boeykens, quien manifestó su satisfacción, aunque admitió “el gusto agridulce por las absoluciones”. En diálogo con Página/12, señaló que “es importante que el tribunal reconozca que los delitos se desarrollaron en el contexto de un genocidio, que no hubo un ataque generalizado e indiscriminado contra la población civil, sino que fue direccionado hacia los militantes políticos, barriales, sociales y estudiantiles. Ya llegará el día en que los jueces condenen por el delito de genocidio y no solamente se haga el reconocimiento histórico al contexto, es decir, que se condene a los genocidas por genocidio”.

Emanuel Dezorzi, hijo de una de las víctimas, también dejó sus sensaciones: “Es un acto de justicia, más allá de las expectativas que tenía la gente; es un acto de justicia que se está llevando a cabo mucho tiempo después de ocurridos los hechos y es un acto de justicia que a las víctimas no se les dio. Eso es lo más importante. Hoy se determinó que hubo cuatro personas responsables de hechos que pasaron hace 36 años; eso es lo más importante”, enfatizó el hombre que tenía apenas unos meses cuando su padre fue secuestrado en Gualeguaychú.

También el diputado nacional Horacio Pietragalla destacó las condenas a los represores, pero insistió en esa “sensación medio amarguita” por las absoluciones de tres de los imputados y que los condenados cumplan las penas en sus casas. De todas maneras, remarcó que “el símbolo es que haya condenas, lo otro se apela; es importante que haya justicia, que haya cadenas perpetuas, que se reconozca el genocidio; y es importante para nuestra democracia, que sigamos condenando y que no quede ninguno de los responsables en la calle”, sentenció.

Cuando todo terminó, y la luz de la Justicia apagó, por fin, después de nueve meses de pequeños destellos, la oscura impunidad, en la sala se escuchó el grito que preanuncia que la búsqueda de justicia continuará: “Olé olé, olé olá, adonde vayan los iremos a buscar”.