Los médicos madrileños están en pie de guerra contra la mercantilización de la sanidad. En otra vuelta de tuerca a la crisis en España, más de la mitad de los trabajadores y profesionales de la salud de Madrid enviaron ayer cartas de renuncia a autoridades del área en protesta por la privatización del sector, tras meses de lucha contra la decisión del gobierno conservador de la región. En constante movilización desde hace más de dos meses, médicos y enfermeros de la comunidad autónoma española advirtieron que las renuncias se harán efectivas apenas se concreten las privatizaciones anunciadas el 1º de noviembre y aprobadas el 27 de diciembre, pese a una ola de paros.

Uno de los voceros de los renunciantes dijo que la Consejería de Salud de Madrid recibió cartas de dimisión de 322 profesionales de 137 centros, entre ellos 120 directores, que comunican su disposición a dejar de cumplir funciones en caso de que se lleve a cabo el plan de privatizar 6 hospitales y 27 centros de atención primaria. También se presentaron las firmas de 3 mil médicos que se dicen dispuestos a renunciar a las comisiones de gestión de los centros de salud que se dejarán en manos privadas, y ambas medidas podrían causar un colapso en la atención y la organización de los hospitales, dijo el vocero Paulino Cubero.

La medida, que escala drásticamente el conflicto en el sector de la salud de la comunidad de Madrid, se anunció un día después de que miles de trabajadores del área se manifestaran por la capital española en la primera marcha desde la aprobación de la polémica ley y la quinta desde que se anunció la iniciativa. Además de las marchas –bautizadas “mareas blancas” por sus organizadores y la prensa– y varias reuniones infructuosas entre los trabajadores y las autoridades, el conflicto incluyó al menos seis paros parciales y hasta una huelga por tiempo indefinido que se levantó cuando la Asamblea de Madrid aprobó la medida.

El Ejecutivo del presidente regional, Ignacio González, del Partido Popular (PP) que gobierna en España, dice que el plan permitirá a la comunidad ahorrar 533 millones de euros del presupuesto y cumplir con los objetivos de déficit que el gobierno central impuso a las 17 regiones que conforman el endeudado país.

Además, Cubero manifestó que los trabajadores de la salud no descartan presentar acciones legales en caso de que se lleve a cabo la privatización, si consideran que esa iniciativa no se ajusta a la legalidad. Los firmantes de la carta de renuncia señalaron que como trabajadores de la sanidad pública se ven obligados a no colaborar en su desmantelamiento como ejecutores pasivos de medidas que perjudican a profesionales y pacientes, según informó el diario Público.

Los directivos de centros médicos criticaron la decisión del gobierno de Madrid de entregar los recursos públicos a manos privadas con la ilusión de un menor costo, ignorando la acreditada capacidad de los profesionales para llevarla a cabo. Tanto González como el consejero de Salud, Javier Fernández-Lasquetty, manifestaron en varias ocasiones su calma ante la posible catarata de renuncias de directores.

Fernández-Lasquetty señaló que lamentaría mucho la decisión, pero que los puestos de responsabilidad serían sustituidos de inmediato. Ayer, a pesar del frío y de una intensa niebla, miles de manifestantes protagonizaron lo que los propios organizadores bautizaron como “La marea blanca”, en la que participaron miles de trabajadores de la salud en una protesta que tuvo como lema “La sanidad no se vende, se defiende”.

“Para los trabajadores de la salud está clara la determinación de los profesionales de no colaborar con el desmantelamiento del modelo de atención primaria”, dijo ayer Cubero. Anteriormente, los trabajadores sanitarios manifestaron su voluntad de apostar por la gestión clínica, que significaría desarrollar el Plan de Autonomía de Gestión para los 260 Centros de Salud de la Comunidad frente a la politización actual de la gestión o la creación de guetos asistenciales que se ha propuesto, señaló Cubero.

El Ejecutivo regional, por su parte, defiende que la crisis económica y la reducción del presupuesto sanitario que se deriva de los recortes aplicados por el gobierno central del presidente Mariano Rajoy lo obligan a tomar esa medida. España atraviesa su peor crisis financiera en décadas, con una economía en recesión y un desempleo rampante, que ya llega al 26,6 por ciento, según datos difundidos ayer por la oficina de estadísticas europea Eurostat.

Los mercados redujeron en los últimos meses su presión sobre la deuda soberana española, en parte debido a la creencia extendida sobre la inminencia de un rescate financiero europeo similar al dado ya a Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, pero que el gobierno de Rajoy insiste en negar.