La intrincada arquitectura financiera delineada por el ex tesorero del Partido Popular comenzó a derrumbarse ayer. Luis Bárcenas Gutiérrez, el hombre de quien Mariano Rajoy afirmara que “nadie podrá probar que no es inocente”, llegó a las 9.47 a la Audiencia Nacional de España para declarar ante el juez Pablo Rafael Ruz, a cargo de la investigación por la trama Gürtel, uno de los hechos más bochornosos de corrupción que salpican al PP. Ataviado con un traje azul, a bordo de un Alfa Romeo negro y acompañado por su esposa, Rosalía Iglesias Villar, y su abogado, Alfonso Trallero, Bárcenas arribó a la sede judicial con la misma mueca de soberbia de otras veces, mientras los manifestantes le gritaban “ladrón”, “tu fortuna es mi desgracia” y le deseaban “que entre en el furgón a prisión”. El juez Ruz le dictó prisión provisional, sin derecho a fianza, por presuntos delitos contra la administración pública, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad de documento mercantil.

En un fallo de veinticuatro páginas, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 advierte, entre sus principales fundamentos, la necesidad de que el ex tesorero espere el desarrollo del juicio en la madrileña cárcel de Soto Real para asegurar “su presencia en el proceso” judicial y que no se produzca una “alteración o destrucción de pruebas”. Enero, sin dudas, fue un mes negro para Bárcenas. Según documentos enviados desde Suiza, el ex cajero del PP llegó a acumular 22 millones de euros en diferentes bancos suizos (más tarde se supo que en realidad fueron 48 millones de euros). Ese mismo mes, el diario El Mundo difundió documentos donde se acreditaba que Bárcenas había pagado sobresueldos a parte de la cúpula de su partido, entre ellos el mismísimo Rajoy y María Dolores de Cospedal, actual presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido que gobierna España.

Pero los sobres que el empresario nacido en Huelva habría entregado a sus compañeros de partido no fueron su mayor complicación en los últimos días. El 10 de junio, él y su mujer fueron imputados por el presunto delito de falsedad en documento mercantil, en concurso con el presunto delito de estafa procesal en grado de tentativa. A Iglesias Villar se la acusa de haber actuado contra Hacienda Pública por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ilícito vinculado con el depósito de 500 mil euros en una cuenta de Caja Madrid de la que es titular. El dinero obtenido de la supuesta compra de obras de arte, mediante contratos firmados el 15 de noviembre de 2004, en Madrid, entre Iglesias Villar y la argentina Isabel Ardanaz Mackinlay, según el fallo de Ruz, “no reflejarían operaciones reales”, apareciendo presuntamente “alteradas las fechas en las que fueron elaborados”, y habiéndose rubricado como perteneciente a Isabel Mackinlay “una firma que la propia señora niega rotundamente haber realizado”. En el escrito, Ruz señala que los contratos fueron usados para “inducir a error a los órganos jurisdiccionales” y “obtener el archivo de la causa respecto del delito fiscal investigado”.

El 16 de junio de 2011, Bárcenas viajó a Buenos Aires. Llegó al país a las 5.22 y regresó a España ese mismo día a las 19.10. Ayer, cuando el juez español lo interrogó por el motivo de su viaje a la Argentina, Bárcenas ofreció “una respuesta vaga, imprecisa e incoherente”, afirmó que mantuvo una reunión de negocios con tres personas de una importante empresa, pero no recordó sus nombres ni el del grupo empresarial al que pertenecían. Asimismo, sobre documentos enviados recientemente por el Dresdner Bank de Suiza –banco donde Bárcenas mantenía las cuentas 1293080 y 8005540–, el auto judicial señala que del análisis de los documentos de apertura de las cuentas, de la información mercantil vinculadas a las entidades que figuran como titulares, de las notas internas de la entidad financiera y de los movimientos registrados surgen “un conjunto de actividades llevadas a cabo por el imputado” que son “reveladoras de un proceso de blanqueo de capitales”.

Según el magistrado, en las actividades en las que se lo investiga, Bárcenas se vale de “presuntos testaferros”, como Iván Yáñez Velasco, también imputado por la Justicia española. Y de estructuras societarias a las que Ruz define como complejas y opacas, que actúan como “sociedades pantalla” y aparecen como entidades desvinculadas del beneficiario real. El fallo menciona la creación de la Fundación Sinequanon, de Panamá, a través de la sociedad Impala Ltd., ubicada en Bermudas, la compra de acciones de la uruguaya Tedesul S.A. y el nombramiento de Yáñez Velasco al frente de esa empresa para que, actuando en su nombre, abra cuentas bancarias en bancos suizos, como una de las maniobras pergeñadas por Bárcenas para despistar a la Justicia y al fisco español.