El Senado de Estados Unidos aprobó ayer la ley de reforma migratoria. La norma, que logró 68 votos a favor y 32 en contra, abre la vía para la legalización y eventual ciudadanía de la población indocumentada, tras casi un mes de debate. La reforma migratoria, negociada en el Senado por el “Grupo de los ocho” –cuatro demócratas y cuatro republicanos–, condiciona la legalización de los indocumentados a la seguridad fronteriza, incrementa drásticamente la vigilancia en la frontera y establece medidas para controlar futuros flujos migratorios.

Aunque, para entrar en vigor, la reforma requiere que la Cámara de Representantes se pronuncie, y en ella, la oposición republicana es mayoritaria. Catorce senadores republicanos votaron a favor, incluido el senador por Florida, Marco Rubio, figura ascendente del partido conservador, quien podría optar a la candidatura a la presidencia en 2016. Todos los demócratas, mayoritarios en la Cámara alta, apoyaron la propuesta legislativa.

El voto puso fin a tres semanas de un intenso debate en el pleno de la Cámara alta, que reflejó las divisiones ideológicas en torno de cómo frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. “Esta histórica legislación reconoce que los inmigrantes de hoy han venido a Estados Unidos por las mismas razones, para lograr el sueño que nosotros damos por sentado y para mejorar sus vidas”, dijo en un emotivo discurso el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid. “Los inmigrantes siempre han sido los grandes motores del crecimiento económico, innovación y renovación que este país ha conocido”, expresó por su parte el senador demócrata Charles Schumer, integrante del grupo bipartidista que preparó el texto original. El proyecto Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema de Inmigración, tal el nombre formal de la ley, propone aumentar el número de visas de trabajo, entregar papeles a once millones de inmigrantes ilegales, en su mayoría latinos y permitirles solicitar la ciudadanía tras un período transitorio de al menos 13 años.

En compensación, el texto ordena implementar una serie de medidas para fortificar la frontera con México para evitar millones de nuevos ilegales en el futuro. La flamante ley prevé duplicar el número de agentes en la frontera sur y presupuesta miles de millones de dólares para completar y reforzar el vallado fronterizo (que ya tiene unos 1100 kilómetros) al desplegar decenas de torres de vigilancia, aviones no tripulados (drones) y sensores. Las medidas de seguridad también incluyen más controles sobre los empresarios y sobre la entrada y salida de personas con visa, condiciones ineludibles para la legalización de indocumentados. En la Cámara de Representantes, los líderes más conservadores tienen previsto consolidar todavía más la seguridad fronteriza y restringir el camino a la regularización de personas ilegales.

La norma señala que quienes sean autorizados entrarán en un estado de inmigrante provisional (RPI) por diez años, al término de los cuales podrán gestionar la residencia legal permanente y, tres años después, tramitar la ciudadanía. Los llamados “dreamers” y trabajadores del campo tendrán una vía de acceso rápido y podrán conseguir la residencia en la mitad del tiempo. A los seis años como RPI deberán verificar nuevamente los antecedentes penales y cancelar una multa. Durante el estatus provisorio, los favorecidos tendrán derecho a un permiso de viaje, una licencia de manejar y una autorización para salir y reingresar a Estados Unidos sin perder el derecho a la residencia.

Reid argumentó que la reforma fortalecerá la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, si bien la mayoría de los republicanos que votaron en su contra replicaron que ésta no frenará la inmigración ilegal. Entre los senadores republicanos que votaron a favor de la medida figuró Marco Rubio, un miembro del “Grupo de los ocho”, mientras que entre los que votaron en contra se destacó otra figura de origen hispano, Ted Cruz, de Texas.

En noviembre del año pasado, el 71 por ciento de los 12,2 millones de electores latinos se inclinó por la reelección de Barack Obama. Para ellos la reforma migratoria encabeza la lista de prioridades. Tanto demócratas como republicanos reconocen que el voto latino es clave para la conquista de la Casa Blanca. El propio mandatario expresó que espera que el Congreso apruebe definitivamente una reforma inmigratoria antes de su receso de verano, el 2 de agosto, aunque en el mejor de los escenarios algunos creen que las negociaciones entre el Senado y la Cámara no podrán comenzar antes de septiembre.

La reforma migratoria será enviada a la Cámara de Representantes. El liderazgo republicano, que controla esta instancia del Legislativo, ha dicho que debatirá su propia propuesta. La oposición se opone a la legalización de indocumentados, proceso que tilda de amnistía.