El gobierno de Estados Unidos desclasificó parcialmente una orden judicial que autoriza la controvertida recolección de datos telefónicos denunciada por el informante Edward Snowden. Mientras tanto, altos funcionarios declararon en el Senado sobre esos cuestionados programas de vigilancia. La orden judicial forma parte de un grupo de documentos proporcionados ayer a los medios por orden del director nacional de inteligencia, James Clapper, en aras de una “creciente transparencia” de las agencias del gobierno, según la versión oficial. El documento, emitido por la Corte de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero, permite atisbar las normas y razonamientos esgrimidos tras la amplia recolección de datos telefónicos que, junto con la supervisión estadounidense del tráfico internacional de datos en Internet, provocaron una fuerte indignación en buena parte del mundo desde que Snowden filtrara la existencia de dichos programas.

El informe judicial ordena que los “custodiadores de los datos”, en referencia a una compañía telefónica no identificada, proporcione a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), de forma diaria y durante la duración de la orden, una “copia electrónica de los metadatos telefónicos”, es decir, información sobre el número telefónico, fecha y duración de la llamada, pero no sobre el contenido de las conversaciones o la identidad de los que la efectúan. Junto a esta autorización judicial, Clapper también desclasificó otros dos informes secretos relacionados con los programas. La acción coincidió con la comparecencia ante el Comité Judicial del Senado del vicefiscal general, James Cole, y del subdirector de la NSA, John Inglis, entre otros, para aclarar cuestiones relacionadas con los controvertidos programas de vigilancia. Inglis hizo hincapié durante su comparecencia en el Senado en el hecho de que se trata de recopilar “metadatos” que no afectan al contenido de las llamadas.

El ex subsecretario de Seguridad Nacional Stewart Baker, otro de los testigos que fueron llamados, también afirmó que los datos recopilados no suponen abuso alguno y que la información acumulada mediante estos programas “no es una información extraordinariamente sensible”, en referencia a que son datos como números de teléfono o duración de las llamadas. Los principales responsables de la inteligencia estadounidense afirmaron en ocasiones anteriores que este tipo de vigilancia permitió desbaratar hasta 54 complots terroristas, algo que sin embargo el presidente del Comité Judicial, el senador demócrata Patrick Leahy, puso ayer en duda.

Según el senador, a la hora de ordenar programas de este tipo se debe calibrar además con mucho cuidado la protección de la privacidad de las personas. “Este programa de recolección masiva (de datos) tiene enormes implicaciones en materia de privacidad, sólo porque tengamos la capacidad de recopilar enormes cantidades de datos no significa que debamos hacerlo”, afirmó Leahy.

Aunque la condena a las filtraciones de Snowden desde el Congreso fueron casi unánimes, en las últimas semanas crecieron las voces que reclaman una mayor supervisión de los programas de inteligencia como los revelados por el ex técnico subcontratado por la NSA. La semana pasada, luego de un acalorado debate en la Cámara de Representantes, fue rechazada por un muy estrecho margen –217 votos a favor frente a 205 en contra– una enmienda al presupuesto de Defensa presentada por el republicano Justin Amash, con apoyo del legislador demócrata John Conyers, que pretendía que la NSA sólo pudiera recolectar datos de individuos que son objeto de una investigación y no de forma generalizada.

En su primera entrevista cuando estaba refugiado en, Hong Kong, el ex técnico había dicho: “Sentado en mi escritorio, tenía la facultad de intervenir el teléfono de cualquiera, de usted o de su contador, de un juez federal o incluso del presidente, si tuviera un e-mail personal”.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, desestimó la publicación de The Guardian (ver aparte) y dijo que algunas de las afirmaciones hechas en el artículo son falsas. En tanto, el padre de Snowden aconsejó a su hijo que se quede en Rusia por motivos de seguridad. “Si yo fuera él, me quedaría en Rusia”, dijo Lon Snowden entrevistado por la televisión estatal rusa. También agradeció al presidente Vladimir Putin por la protección proporcionada a su hijo. Estados Unidos reclama a Rusia que devuelva a Snowden con el argumento de que el joven debe presentarse ante la Justicia para asumir su responsabilidad por espionaje y robo. No hay un tratado de extradición entre los dos países. “Si regresa a EE.UU, va a ser tratado de forma horrible”, aseguró el padre.