El primer ministro británico, David Cameron, señaló que analiza iniciar un contraataque jurídico en la Unión Europea (UE) contra España por los controles en la frontera con Gibraltar. El litigio entre ambos países se dispara una vez más por el territorio ubicado al sur de la península ibérica. “Estamos buscando opciones para una acción legal por la imposición de controles adicionales”, manifestó un vocero de Downing Street. El portavoz dijo que el premier está muy decepcionado al considerar que la situación en el paso limítrofe no se modificó. La escalada de la tensión entre ambos países comenzó hace dos semanas, luego de que Londres acusara a las autoridades españolas de provocar demoras desproporcionadas a los vehículos que entran y salen del peñón. La denuncia no tiene antecedentes dentro del bloque continental, agregó.

La noticia llega luego de que los medios españoles publicaran durante el fin de semana que el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, estudia la posibilidad de llevar la disputa a las Naciones Unidas (ONU) o al Tribunal Internacional de La Haya. De acuerdo con la información de los diarios, que no fue confirmada ni desmentida por fuentes oficiales, Madrid buscará aliarse con Argentina, que también tiene una disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

El gobierno británico empezó ayer una operación militar por la que enviará buques de guerra rumbo a Gibraltar. Mientras algunas naves ya partieron desde Portsmouth, localidad ubicada al sudeste de Inglaterra, la fragata principal, el HMS Westminster, lo hará hoy junto a dos buques auxiliares. Ese destructor zarpará rumbo al Mediterráneo y llegará en una semana al peñón en disputa por la soberanía. Según el Ministerio de Defensa, la visita fue planeada desde hace tiempo como parte de un despliegue de rutina, que incluirá también el desembarco en Portugal, Turquía, Malta y Medio Oriente.

España contraatacó al acusar a Gibraltar de quebrar la ley medioambiental por lanzar bloques de hormigón en el mar para construir un arrecife artificial en su costa e impedir la pesca. El gobierno del peñón llevó su reclamo a la Comisión Europea, mientras que Madrid respondió con una amenaza de cerrar el espacio aéreo y cobrar un impuesto fronterizo de 50 euros. Los primeros ministros Cameron y Rajoy mantuvieron una conversación la semana pasada, en la que acordaron la necesidad de llegar a una solución diplomática al conflicto. No obstante, la tensión siguió escalando.