Las FARC reconocieron ayer que tienen parte de responsabilidad en las víctimas del conflicto armado y admitieron la necesidad de identificarlas y repararlas debidamente. Es la primera vez que el grupo guerrillero se expresa en estos términos en casi 50 años de enfrentamientos con el Estado colombiano. “Sin duda ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas. El enemigo nunca fue ni ha sido fácil. No se sujetó a normas de combate”, dijo el líder guerrillero Pablo Catatumbo, alias de Jorge Torres Victoria, en La Habana. En julio pasado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, había admitido por primera vez en la historia del país un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante el conflicto armado interno. “El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto”, había dicho entonces Santos.

La agrupación guerrillera expuso en un comunicado antes de iniciarse el diálogo de paz con el gobierno de Santos que debían reconocer la necesidad de aclarar el tema de las víctimas, su identificación y su reparación por la causa de la paz y la reconciliación. Las FARC también indicaron que propusieron al gobierno la creación de una comisión formada por expertos nacionales y extranjeros que estudie el origen del conflicto armado. “Esa comisión debe ser integrada inmediatamente”, pidió Pablo Catatumbo.

El propósito de esa comisión sería el de investigar el origen del conflicto armado, así como el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces de la lucha armada entre el Estado y los grupos insurgentes, precisó el líder rebelde. “La comisión propuesta podría perfeccionar los trabajos adelantados hasta la fecha agotando la investigación, estudio y análisis de lo acontecido. Es así como se logra establecer la verdad y señalar responsabilidades”, declaró. “En efecto, y no es otra la realidad, somos una de las partes del conflicto”, se sinceró más tarde.

Entre esos trabajos Pablo Catatumbo citó el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica divulgado en julio, que documenta entre los crímenes cometidos durante el conflicto armado, desde 1958 hasta 2012, un total de 220.000 asesinatos, 5.712.506 desplazamientos forzados, 25.007 desaparecidos y 27.023 secuestrados.

El guerrillero recordó que el acuerdo firmado por el gobierno y las FARC previo al inicio de las conversaciones de paz establece la obligación de conocer o averiguar la verdad de lo acontecido durante los años de lucha social armada. Por otro lado, las FARC volvieron a criticar el Marco Jurídico para la Paz, herramienta legal creada para regular el paso a la reconciliación en Colombia si se logra el fin del conflicto, y sostuvieron que está fuera de contexto. A finales de julio, la Corte Constitucional comenzó a revisar el Marco Jurídico para la Paz, una enmienda constitucional que contempla instrumentos de justicia transicional para aplicar en caso de que se llegue a un acuerdo definitivo de paz.

Se espera que ese alto tribunal emita próximamente un fallo sobre la iniciativa, que reforma la Constitución colombiana de 1991 en cinco de sus artículos. Ese marco legal recibió críticas de diversos sectores que consideran que supone la impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos por los guerrilleros, algo que el Ejecutivo niega, según consignó ayer El Espectador.

El número dos de la guerrilla y su líder negociador, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, ya había afirmado el mes pasado que las FARC sentían el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado y que abordarían con responsabilidad este punto. Márquez también había aseverado en marzo que las FARC estaban dispuestas a hablar de las víctimas del conflicto, pero insistieron que en este tema el Estado tiene una responsabilidad por acción o por omisión y que es el último punto de imputación.

El diálogo, que se reanudó ayer en el Palacio de las Convenciones de La Habana, comenzó en noviembre pasado en Cuba y trata ahora sobre el punto de la inserción política de la guerrilla en la sociedad, una vez que se haya firmado un acuerdo final. El punto de las víctimas causadas por el conflicto es uno de los más complejos en el contexto del tema que se aborda en la mesa de negociaciones, y ésta es la primera vez que los insurgentes reconocen su parte de responsabilidad en cuanto a ese resultado de la guerra.

“Las FARC son conscientes de que a la fecha no hay vencedores ni vencidos y la lucha continúa”, afirma la declaración, en la que la guerrilla invitó al gobierno a suscribir un acuerdo especial de regulación del conflicto mientras acata la propuesta de una tregua bilateral.