Desde Londres

Con el clásico “no comment” la oficina del primer ministro David Cameron intentó lavarse las manos de la detención del brasileño David Miranda durante nueve horas en el aeropuerto de Heathrow bajo la ley antiterrorista de 2000. El principal pecado de Miranda no es su adhesión a alguna misteriosa Jihad islámica carioca, sino ser la pareja de Glenn Greenwald, el periodista del diario The Guardian que reveló la información del ex espía de la CIA Edward Snowden, sobre las actividades non sanctas del espionaje estadounidense y británico. Fuentes de 10 Downing Street, citadas por la prensa británica, confirmaron que el gobierno estaba al tanto de la detención, pero negaron que hubiera dado la orden de detención.

La desmentida del gobierno británico sonó débil después de que el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest reconociera en una conferencia de prensa que la policía le había informado de antemano a Estados Unidos que Miranda estaba en la lista de pasajeros en tránsito en Londres del vuelo Berlín- Río de Janeiro. “Nos informaron. No fue algo que nosotros pedimos. La decisión de detenerlo fue de la policía británica”, subrayó Earnest como quien también decide lavarse las manos del asunto.

La aplicación de la ley antiterrorista a Miranda mostró todas las aristas arbitrarias que generaron tanto debate en el Parlamento y la sociedad cuando en 2000 el entonces gobierno laborista propuso la medida. Según el mismo gobierno, la ley se aplica en unos tres casos de cada diez mil pasajeros que pasan por el Reino Unido y en un 97 por ciento de los casos la detención “dura menos de una hora”. A Miranda lo detuvieron nueve horas, el máximo permitido por la ley, sin que mediara sospecha alguna de que se trataba de un terrorista.

Según las declaraciones que dio cuando finalmente llegó a Río de Janeiro, los seis oficiales encargados de interrogarlo le preguntaron sobre toda su vida con continuas amenazas para que revelara las contraseñas de sus aparatos electrónicos. “Me decían que si no cooperaba terminaría en la cárcel. Me trataron como a un criminal o alguien que estaba a punto de atacar al Reino Unido”, señaló. La policía le confiscó su laptop, su celular, varios juegos de video, sus DVD y sus memorias USB.

En un comunicado, el Ministerio del Interior británico defendió la acción policial. “El gobierno y la policía tienen la obligación de proteger a nuestro pueblo y la seguridad nacional. Si la policía cree que un individuo tiene información clasificada robada que puede ayudar al terrorismo, tienen que actuar siempre en el marco que establece la ley”, señaló el comunicado.

El oscuro objeto del arresto de Miranda, su pareja, el periodista Glenn Greenwald, equiparó la acción policial a un ataque deliberado e intimidatorio contra la prensa por revelar información sobre el funcionamiento de los servicios secretos de Estados Unidos y el Reino Unido. “Esto no nos va a acobardar. Cada vez que Estados Unidos y el Reino Unido revelan lo que son –sea cuando intentan impedir el vuelo del presidente de Bolivia o cuando amenazan a los periodistas con juicios– no hace más que subrayar por qué es necesario frenarlos y evitar que ejerzan el poder que ejercen desde las sombras”, señaló Greenwald.

Desde que comenzó la saga Edward Snowden en junio, el pánico de Estados Unidos y el Reino Unido ha ido en aumento. El papelón europeo con el avión presidencial de Evo Morales y la igualmente insólita detención de Miranda son botones de muestra. En un artículo publicado este martes en The Guardian, el editor del periódico, Alan Rusbridger, reveló que hace dos meses dos agentes del GCHQ, la unidad de espionaje electrónico británico, le exigieron el material que Edward Snowden le había pasado al periódico. “Hace unos dos meses unos agentes que dijeron actuar en consonancia con las ideas del primer ministro me contactaron. En los dos encuentros siguientes me pidieron que les diera o destruyera el material”, señaló Rudsbridger.

La explicación oficial de que era un tema “puramente policial” no convenció ni a los diputados conservadores. Un ex aspirante a la jefatura del Partido Conservador, el diputado David Davis, señaló que la ministra del interior Theresa May, el canciller William Hague y, “con toda seguridad”, el primer ministro David Cameron tenían que saber de lo ocurrido. “Es totalmente improbable que la policía hubiera realizado esa acción y hubiera notificado a la Casa Blanca, pero al mismo tiempo no le dijera nada al gobierno. El gobierno tiene que decir qué está pasando. En este país tenemos libertad de palabra y de movimiento que son particularmente importantes cuando se trata de periodistas que revelan lo que están haciendo en secreto los gobiernos”, dijo Davis.