Después de dos años y cuatro meses de gestión, el director político del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, renunció a su cargo tras la fuga de trece presos del hipercustodiado Módulo 3, del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, una cárcel de la que el riñón del SPF se vanagloria como de máxima seguridad. Su paso por la cabeza del Servicio Penitenciario no estuvo exento de remezones, especialmente periodísticos, pero en el suma y resta de su gestión se destacan logros que parecían imposibles antes de su nombramiento: el traslado de detenidos por crímenes de lesa humanidad a pabellones comunes y la orden para que los abogados del SPF no defiendan a penitenciarios acusados por torturas y malos tratos, una decisión que en lo práctico desbordó sus importantes efectos simbólicos.

A media mañana, en conferencia de prensa, Víctor Hortel anunció su renuncia, después de confirmar la fuga de trece presos del Módulo 3 del CPF1 de Ezeiza (ver aparte). “Ustedes saben –dijo a los periodistas– que es un complejo de máxima seguridad, por lo que esta fuga no se podría haber llevado a cabo sin complicidades internas.” Y anunció el desplazamiento de 19 penitenciarios, entre ellos el del jefe del CPF1. Lo hizo luego de demostrar que las tareas de los internos para realizar el túnel de casi tres metros de largo, las herramientas necesarias para hacerlo, el boquete en una losa de hormigón armado de casi 30 centímetros de espesor, el montículo de tierra que se fue descargando en la misma celda, el cruce de un sector a campo abierto de setenta metros para cortar y atravesar dos alambrados perimetrales con guardias y torres, y la necesidad de apoyo externo, hacían imposible imaginar que pudieran lograrse en un complejo de máxima seguridad sin que esos dispositivos hubieran hecho, al menos, la vista gorda.

La gestión de Hortel estuvo enmarcada por una serie de logros, algunos escandaletes, y otros tantos golpes (fugas) con suficiente ayuda mediática que dieron la idea de devoluciones de gentilezas, resistencias de un servicio que logra mantener, pese a todo, su formación militarizada:

- Ordenó que los abogados contratados por el SPF no intervinieran en la defensa de penitenciarios acusados por torturas y malos tratos, una manera de mostrar que la institución no ampara la tortura. Y también de reconocer la posibilidad de que intramuros se sigue torturando.

- Dispuso que los presos por delitos de lesa humanidad fueran trasladados a pabellones de presos comunes, lo que a su vez generó algunos conflictos por los desplazamientos que implicó.

- Abrió mesas de diálogo con familiares de detenidos y organismos de la sociedad civil (“son logros de los que no se debe retroceder”, señalaron a este diario desde uno de esos organismos, el Cepoc).

- Habilitó la formación de un sindicato de presos, el Sutpla, presentado recientemente en Viedma, amparado bajo la CTA de Hugo Yasky y que ayer salió a respaldar la gestión de Hortel.

- Hizo retornar el Centro Universitario de Devoto a su pabellón de origen, luego de que fuera intervenido y diezmado a partir de una investigación judicial durante la gestión anterior.

- En Educación, no incrementó el número de alumnos pero elevó su nivel.

- Permitió el ingreso de organismos de control, como funcionarios de la Procuración Penitenciaria, con sus celulares (con cámara fotográfica).

“Impulsó como política un menor control de la cárcel por medios violentos”, dijo Francisco Mugnolo a este diario. Según familiares de presos, no está claro que lo haya logrado, pero su intención puede haber sido una de las marcas motivadoras de la “resistencia del núcleo duro del SPF”, tal como la mencionó el propio Hortel durante una entrevista radial.

“No es simplemente una fuga ni de un grupo de presos que vulnera los mecanismos de seguridad –sostuvo Hortel–, sino la oposición de un núcleo duro del Servicio Penitenciario no dispuesto a asumir los cambios. Fue un error mío no interpretar esa resistencia.”

Durante sus 28 meses de gestión también se cruzaron absurdos escándalos mediáticos y una serie de golpes en los que como mínimo debería mantenerse el espíritu de sospecha sobre las actividades del “núcleo duro”. Entre los primeros, su aparición disfrazado de Hombre Araña durante un festejo con detenidos y sus familiares. Entre los escándalos, el de las salidas transitorias vinculadas con la agrupación kirchnerista Vatayón Militante disparó críticas mediáticas y de la oposición, confundiendo ambos (medios y oposición) erróneamente la licitud de la salida cultural (habilitada en cualquier momento de la detención) con una salida transitoria (regulada a partir de la mitad del cumplimiento de la pena y con determinada calificación). Para el debe de Hortel, fue una salida a la que difícilmente accedía cualquier detenido, pero sí fue habilitada a presos como el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez (lo que disparó el escándalo).

Entre los golpes que alientan la sospecha del “riñón duro” resistente a su gestión de cambios, la fuga de tres presos de un camión de traslado rumbo a Ezeiza; la del mayor retirado Jorge Olivera y del teniente primero retirado Gustavo De Marchi, ambos del Ejército, presos por delitos de lesa humanidad y prófugos en julio pasado del Hospital Militar, y el escape cinematográfico del Complejo 1, marcaron el camino que derivó en su renuncia.

Lo sucede (hoy jurará para el cargo luego de ser traído desde España en tiempo record) el mismo a quien Hortel había sucedido, Alejandro Marambio.

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