Sánchez de Lozada y Quiroga, los dos ex presidentes de Bolivia imputados por presunta corrupción.
Imagen: AFP.

La Fiscalía General de Bolivia imputó ayer a los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por la suscripción de 107 contratos petroleros irregulares. El fiscal general interino, Roberto Ramírez, informó que presentó al Tribunal Supremo de Justicia la imputación por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra los dos ex mandatarios y sus ex ministros Jorge Berindoague, Carlos López Quiroga y Carlos Contreras del Solar. “El Ministerio Público está cumpliendo con las normas establecidas y los plazos fijados. Hemos presentado la imputación formal en contra de dos ex mandatarios y sus ex ministros de Energía, para que el trámite legal siga su curso correspondiente”, sostuvo el fiscal.

El caso, conocido como “Petrocontratos”, investiga la denuncia de que las ex autoridades habrían favorecido a empresas transnacionales, causando daño económico al Estado con la firma de contratos petroleros que no fueron autorizados por el Parlamento de aquellos períodos. La imputación dará paso luego al juicio en única instancia ante el Tribunal Supremo de Justicia, dos años después de que el Congreso bicameral, controlado por el oficialismo, aprobara el juicio de responsabilidades contra los dos ex mandatarios y cuatro ex ministros de Hidrocarburos.

El abogado de Quiroga, Iván Alemán, declaró que, en el período 2001-2002, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos firmó cuatro contratos de exploración, pero ninguno llegó a la fase de explotación, por lo que nunca hubo daño económico al Estado. Agregó, sin embargo, que uno de los contratos de esa época, firmado con la francesa Total, dio como resultado un hallazgo importante de gas en la zona de Aquío (sudeste), por lo que esta operación dará en el futuro beneficios a Bolivia. Según el abogado, se ha cometido una aberración judicial con la imputación a Jorge Quiroga porque, a su juicio, no tiene ninguna responsabilidad por los delitos de los que se le acusan. Quiroga gobernó entre 2001 y 2002, tras la muerte del presidente titular Hugo Banzer, de quien era vicepresidente, y después fue candidato a la presidencia en 2005, cuando Evo Morales lo derrotó en las urnas al ganar en primera vuelta.

Sánchez de Lozada es un empresario minero que gobernó Bolivia en dos ocasiones (entre 1993-1997 y 2002-2003) y reside en Estados Unidos, mientras la Justicia espera su extradición por otros casos referidos a la matanza que se le endilga en 2003, cuando una represión militar dejó más de 60 muertos y 400 heridos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, recordó que en septiembre de 2012, el Departamento de Estado norteamericano rechazó la primera solicitud boliviana con el argumento de que algunos de los delitos por los que es imputado el ex presidente no se ajustan a su economía jurídica, lo que obligó a reformular las acusaciones y esperar que se concrete la extradición.

Todos los contratos petroleros vigentes en Bolivia fueron renegociados entre 2006 y 2007, tras la decisión de Morales de nacionalizar el sector de hidrocarburos. Los contratos fueron después avalados por leyes del Congreso que aprueban las operaciones de las petroleras, lo cual, según el gobierno, otorga ahora seguridad jurídica a las compañías. En Bolivia opera una docena de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la brasileña Petrobras y British Gas, que en su momento renegociaron sus contratos para continuar trabajando en este país.

El jueves, antes de conocerse la noticia de la imputación, Morales y su par ecuatoriano, Rafael Correa, propusieron crear un organismo latinoamericano de control de actividades de empresas de hidrocarburos, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Según Morales, el ámbito de ese observatorio todavía debe formar parte de un debate”, pero el proyecto es que las petroleras transnacionales no atenten contra el país donde se adjudican contratos de exploración o explotación.

A criterio del presidente boliviano, si las petroleras quieren ser socias del Estado no es para estar enfrentados posteriormente por arbitrajes internacionales. Puntualizó, además, que cuando una empresa extranjera invierte en un país, debe someterse a las leyes de ese Estado, y no a arbitrajes internacionales de organismos como el Ciadi, un ente dependiente del Banco Mundial con sede en Estados Unidos.