El Gobierno está explorando alternativas para ampliar el financiamiento proveniente de organismos multilaterales. Las tensiones y diferencias políticas con esas entidades resintieron los flujos de créditos del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2002 en adelante. La llegada de nuevos desembolsos no tuvo la fluidez que podría haber registrado mientras se continuaron pagando los vencimientos correspondientes. El acercamiento con el FMI, después de que el organismo amenazara con sancionar al país por la calidad de las estadísticas de precios y las negociaciones para alcanzar un acuerdo con las empresas que tienen sentencias contra Argentina en el Ciadi, el tribunal arbitral del BM, pretende evitar mayores presiones sobre las cuentas externas nacionales.

Cómo anticipó ayer Página/12, el reposicionamiento del país ante los organismos multilaterales tiene como objetivo generar mayores fuentes de divisas. Desde el Ministerio de Economía reconocen que los acercamientos no representan una solución a las necesidades estructurales de dólares. No se trata de volver a pedir un crédito stand-by al FMI ni volver a endeudarse en el mercado financiero. Lo que se busca son créditos para obras de infraestructura, energía, programas de salud, educación o servicios sociales. Sostener o ampliar los créditos de esos organismos evitaría sumar presión a los crecientes requerimientos de fondos para hacer frente a las importaciones de energía e insumos industriales, la salida de divisas por turismo y el pago de vencimientos de deuda externa.

Entre 2007 y 2012, los préstamos del Banco Mundial mostraron un resultado negativo (repago neto) de 860 millones de dólares. Los créditos tomados por el país oscilaron entre 400 y 1000 millones de dólares cada año. El Gobierno lamenta que, si bien el organismo continúa con los desembolsos acordados, ya van más de 12 meses sin que el directorio apruebe nuevas líneas. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se reunió con el nuevo presidente del BM, Jim Yong Kim, para comenzar a destrabar esa situación. Las negociaciones con el médico coreano, que sorprendió al funcionario argentino por su excelente manejo del español, apuntan a alcanzar un arreglo con empresas prestadoras de servicios públicos que lograron sentencias favorables en el Ciadi, el tribunal arbitral del BM. Hasta ahora el Gobierno rechazó pagar esos fallos, cuestionó la validez de los reclamos y al mismo tribunal. Pero, en el actual escenario y con el objetivo de reabrir la canilla de créditos de ese organismo, estaría dispuesto a negociar un acuerdo con quitas en el capital e intereses, el pago en bonos y el compromiso de las empresas de volver a invertir en el país una porción del pago.

Los flujos netos de financiamiento con el BID arrojaron un pequeño saldo positivo de 41 millones de dólares en el mismo período. Las líneas de crédito para infraestructura superaron los 1000 millones anuales, pero el país canceló vencimientos por cifras similares cada año. En el caso del financiamiento con el BID existe un importante stock de créditos aprobados que no se desembolsan por extensas demoras de los expedientes en diferentes dependencias públicas o inconvenientes técnicos en las licitaciones de algunas obras. El BID aprobó recientemente una línea de crédito por 1200 millones de dólares que financiará el Programa de Recuperación de Ferrocarriles Metropolitanos cuyo primer desembolso asciende a 300 millones de dólares. Por su parte, la CAF, el banco de desarrollo de América latina, se convirtió en la fuente de financiamiento más sólida al aportar más de 1500 millones de dólares netos durante los últimos seis años. Pero si bien el financiamiento de ese organismo funciona mejor, los montos que financia son menores.

Las medidas como el acercamiento con el Banco Mundial, alcanzar un acuerdo con el Club de París o la posibilidad de que los equipos técnicos del FMI vuelvan a evaluar la economía local forma parte de una estrategia en estudio para sostener el flujo de divisas desde los organismos multilaterales. Si bien el equipo económico reconoce que la falta de inversión privada responde a factores políticos que exceden al escenario macroeconómico (rentabilidad y demanda), considera que la mejora en las “expectativas” puede promover el ingreso de inversión extranjera directa o facilitar el financiamiento externo de empresas locales.