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Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en las principales ciudades estadounidenses para demandar la aprobación de una reforma migratoria, paralizada en la Cámara de Representantes. Activistas, inmigrantes y políticos salieron a las calles en más de 60 ciudades de 39 estados del país para exigir una reforma integral que legalice a 11 millones de personas que viven sin documentación en Estados Unidos.

El Día Nacional para la Dignidad y el Respeto contó inclusive con la participación de funcionarios, como sucedió en Chicago, donde el gobernador de Illinois, Pat Quinn, y el alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel, ambos demócratas, acompañaron a los manifestantes.

Poco después, dos caravanas se dirigieron a las oficinas de los congresistas republicanos Peter Roskam y Rodney Davis, en las cercanas ciudades de Wheaton y Taylorville respectivamente, para pedirles su apoyo a la reforma.

Poco antes de que los manifestantes se dirigieran a la Plaza Federal, en el centro de la ciudad, el pastor evangélico Efres Fedras criticó la falta de voluntad para aprobar la medida. “Los republicanos bloquean el voto, mientras que los demócratas solamente hacen promesas”, expresó.

En California, las organizaciones salieron con mejor ánimo tras la promulgación esta semana por parte del gobernador, Jerry Brown, de la Ley AB 60, lo que permitirá que inmigrantes indocumentados saquen licencias de conducir.

En San Diego, cerca de 5000 personas se congregaron en el Parque Balboa para marchar hasta el edificio de la Administración del Condado, en un desfile encabezado Valentín Tachiquín, el padre de Valeria Tachiquín, muerta hace un año por un agente de la Patrulla Fronteriza.

Otras ciudades en las que se llevaron a cabo a lo largo del día multitudinarias marchas fueron Phoenix y Tucson, en Arizona; Miami (foto) y Tampa, en Florida; Nueva York, en la que cientos de activistas planean cruzar el puente de Brooklyn, y Los Angeles, ciudad que espera a miles de personas marchando por el Paseo de la Fama de Hollywood.

El proyecto de ley, aprobado en junio pasado por el Senado, que abre una vía para la legalización de los indocumentados así como un aumento de la seguridad fronteriza, perdió protagonismo en la última semana ante el cierre parcial del gobierno federal ocasionado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para la aprobación del presupuesto fiscal.