Un equipo de investigadores de Naciones Unidas entregó un informe sobre Siria que contiene evidencia sobre la responsabilidad de altos cargos del gobierno en crímenes perpetrados durante el conflicto, señaló ayer Navi Pillay, alta comisionada para los Derechos Humanos. El informe contiene listas de responsables de torturas, asesinatos extrajudiciales masivos y otros delitos contra los derechos humanos, según afirmó Pillay en una rueda de prensa realizada en Ginebra. También hubo excesos del bando rebelde. “El alcance de la brutalidad de los abusos que cometieron ambas partes es difícil de creer”, señaló la funcionaria del organismo internacional.

Consultada sobre el contenido de esa lista, entregada en un sobre lacrado, Pillay recordó que ni siquiera ella puede abrirlo. “Me fue entregado bajo criterio de confidencialidad y permanecerá sellado hasta que lo pueda entregar para su utilización en una investigación creíble, sea nacional o internacional.” En ese sentido, la alta comisionada señaló que una de las razones principales de que los nombres incluidos en esa lista se mantengan en secreto tiene que ver con la necesidad de respetar el principio de la presunción de inocencia. “Los nombres de los sospechosos no pueden ir flotando por allí hasta que no haya una investigación judicial apropiada”, dijo, y agregó que sólo entonces su contenido será hecho público.

Según Pillay, en el informe se detalla el asedio sobre áreas civiles de parte del ejército y los rebeldes armados como estrategia militar y como “castigo colectivo”. Además, subrayó que eso va en contra de los principios fundamentales, que buscan garantizar la entrada de ayuda esencial para la supervivencia de la población y una salida segura de quienes quieran abandonar la zona sitiada.

Los investigadores de la ONU, que recopilaron testimonios de forma secreta e independientemente de Pillay, manifestaron que la evidencia apunta a los máximos niveles del gobierno sirio, pero no mencionaron al presidente Bashar al Assad ni a ningún otro funcionario de manera pública. La funcionaria de la ONU insistió en que sólo repetía lo que habían mencionado los expertos liderados por el brasileño Paulo Pinheiro. Cuando se le pidió mayor precisión sobre sus declaraciones, Pillay agregó: “Déjenme decir que yo no he dicho que el jefe de Estado es un sospechoso. Estaba citando a la misión de investigación, que dijo que, en base a los hechos, la responsabilidad apunta al más alto nivel”.

Pillay y Pinheiro pidieron en reiteradas ocasiones que el caso de Siria –una guerra civil que lleva más de dos años y medio– sea elevado a la Corte Penal Internacional (CPI), medida que podría llevar al procesamiento de los sospechosos que están en las listas secretas. “Reitero mi pedido a todos los estados miembros de derivar la situación a la CPI”, insistió Pillay.

La responsable de derechos humanos de la ONU se refería a los países con alguna influencia sobre las partes del conflicto para que ejerzan presión sobre ellas y se consiga un cese de la violencia. En relación con la celebración a partir del próximo 22 de enero de la conferencia de paz para Siria, Pillay dijo que todavía no está claro quién se sentará en la mesa de las negociaciones destinadas a poner un alto en el conflicto y establecer un gobierno de transición.

“Como alta comisionada para los Derechos Humanos, mi preocupación es ver que los sirios están adecuadamente representados en estas conversaciones”, señaló. Para que estas negociaciones tengan éxito, es muy importante que asistan todos, ambas partes, incluida la sociedad civil, agregó.

El tema de si Assad puede permanecer en el poder luego de que se detengan los enfrentamientos ha sido una de las mayores áreas de desacuerdo entre Estados Unidos y Rusia, los principales auspiciantes de las conversaciones de paz.

Por otra parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) anunció ayer que planea asistir a 5,4 millones de sirios víctimas del conflicto armado hasta fines de 2014, y alertó sobre la difícil situación de los civiles en el país ante la llegada del invierno. La organización estima que necesitará una inversión de 86 millones de euros para hacer frente a los objetivos fijados, que también incluyen el apoyo a países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania e Irak, que acogen a la mayoría de los refugiados sirios.

Desde Ginebra, la FICR llamó la atención sobre la situación de inseguridad por la que atraviesa Siria, lo que dificulta las acciones de ayuda humanitaria, hasta el punto de que 31 voluntarios perdieron la vida en lo que va del año. “Nuestra expectativa es establecer lugares más seguros en Siria, crear sistemas de seguridad y servicios para los refugiados, así como para los voluntarios”, señaló el encargado de crisis y gestión de desastres de la FICR, Simon Eccleschall.