La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firmó ayer un decreto de expropiación de 92 fincas que serán destinadas a las familias de pequeños agricultores en el marco de la reforma agraria, informó el Ministerio de Agricultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, la presidenta expresó: “Hoy firmé decreto expropiando 92 áreas #ReformaAgraria. Con las 8 zonas que ya habían sido expropiadas a lo largo de 2013 tenemos 100 expropiaciones. De este modo, cumplimos con nuestro objetivo de 2013 y nuestro compromiso de #ReformaAgraria”. En octubre, la mandataria había firmado el primer decreto de expropiación de 2013, sobre ocho grandes propiedades agrícolas. Estos decretos elevan a cien las áreas liberadas para el programa de reforma agraria este año, sumando 1935 kilómetros cuadrados (193.500 hectáreas) en 16 de los 27 estados del país, que serán distribuidas entre 4670 familias de trabajadores rurales, indicó el ministerio. Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas indican que 43 por ciento de las tierras agrícolas del país pertenecen a uno por ciento de los propietarios.

Estos campesinos destinarán sus parcelas para pequeñas producciones agrícolas, de lácteos, frutas y hortalizas, entre otros. El Instituto Nacional de la Colonización y de la Reforma Agraria (Incra) pagará el equivalente a 116,1 millones de dólares en 2014 para indemnizar a los dueños de las áreas expropiadas, usadas hasta ahora para ganadería.

La mandataria continuó diciendo en la red social que “las 92 áreas para #ReformaAgraria beneficiarán a 4670 familias” y agregó que “a lo largo de los decretos de expropiación firmados por el MP (Ministerio Público) se facilita la liquidación de las deudas de los colonos y proporciona nuevas reglas para préstamos de Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar)”.

La semana pasada, un portavoz del Movimiento de Campesinos Sin Tierra (MST) criticó el estancamiento de la reforma agraria en 2013. “Este fue el peor año de la reforma agraria. Hasta la fecha, sólo 159 familias fueron asentadas en tierras en todo el país. Es una vergüenza”, lanzó entonces Joao Paulo Rodrigues, de la coordinación nacional del MST. Rodrigues había asegurado que el gobierno era rehén del poderoso e influyente lobby ruralista en el Congreso y denunciado la desigualdad en el trato a la agroindustria y a la agricultura en pequeña escala.

“Para que tengan una idea, el plan de ayuda a la agricultura familiar para la cosecha 2013-2014 es poco más de 20 por ciento del dinero destinado a la agroindustria”, indicó el portavoz del MST. Según el movimiento, creado en 1984, había en 2010 más de 150.000 familias sin tierra en Brasil, que reclaman el derecho a explotar parcelas agrupadas en inmensas propiedades. Según el MST informan que sólo el 22,2 por ciento del territorio expropiado era aprovechado de forma plena en actividades productivas; mientras que el 50 porciento de las propiedades se encontraba en estado de abandono.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incra), del Ministerio de Desarrollo Agrario, indicó que en 2011 y 2012 el gobierno de Rousseff asentó en tierras expropiadas por el gobierno a 44 mil familias. El resultado es menos de la mitad de lo hecho en los primeros dos años por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que asentó 105 mil familias, y por el de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), con 117.500 familias ubicadas en tierras productivas en el mismo período analizado. Rousseff se defendió el año pasado de las críticas del MST, tradicional aliado del gobernante PT, al afirmar que su gestión se basará en una reforma agraria planificada, buscando mayor infraestructura y facilidades crediticias y edilicias antes de entregar tierras a los campesinos. “No tenemos el derecho de poner familias viviendo en un lugar donde ellas no tengan el derecho de generar renta”, declaró en ese momento.

Las expropiaciones ocurrirán en los estados de Ceará, Bahía, Goiás, Espíritu Santo, Distrito Federal, Sergipe, Sao Paulo, Piaui, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina, Maranhao, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte y Tocantins. Para que puedan ser asentadas, las familias deberán estar dadas de alta en el Registro Unico (CadUnico). Ante las presiones de los grupos como el MST y protestas indígenas, la jefa de Estado había señalado en la apertura del foro Producción Orgánica y Agroecología Nacional que antes de fin de año se firmarán cien decretos de expropiación de tierras.