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Un grupo de abogados presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya en nombre del presidente egipcio derrocado, Mohamed Mursi, para investigar los crímenes cometidos después del golpe de Estado del año pasado, según anunció ayer en Londres el equipo legal.

Los letrados dijeron representar a un grupo de víctimas y estar financiados por miembros del Consejo de la Shura, la Cámara alta del Parlamento egipcio, y por el brazo político de la Hermandad Musulmana, la organización islamista de Mursi, recientemente declarada “terrorista” por el gobierno de facto egipcio.

En una conferencia de prensa, el equipo legal, dirigido por el abogado de derechos humanos del estudio ITN Solicitors de Londres, explicó que presentó dos documentos ante la CPI: una declaración de Mursi aceptando la jurisdicción del tribunal y una demanda para investigar los crímenes del gobierno de facto egipcio. Egipto nunca firmó el Estatuto de Roma, por lo que no es un Estado parte de la CPI y no cae bajo su jurisdicción.

Sin embargo, esta Corte internacional permite que el gobierno de un país no firmante acepte la jurisdicción a través de una declaración y permita la investigación de crímenes cometidos en ese país o por un ciudadano de ese país. Por eso el primer objetivo del grupo de abogados internacionales es que la CPI declare que lo que sucedió el 3 de julio pasado en Egipto fue un golpe de Estado y que, por lo tanto, Mursi sigue siendo el presidente legítimo y tiene el poder de emitir una declaración otorgando jurisdicción a la Corte sobre su país.

“Debe decirse de forma clara que el régimen militar egipcio corre el riesgo de ser juzgado. Eso es lo que intenta lograr la declaración que acepta la jurisdicción (de la CPI)”, explicó uno de los abogados del equipo que representa a los islamistas egipcios, el sudafricano John Dugard, quien es conocido en Medio Oriente.

La iniciativa ante el tribunal internacional no será fácil, ya que Mursi está detenido en una cárcel de El Cairo desde que fue derrocado, y en los últimos meses la Justicia egipcia comenzó a juzgarlo por varios crímenes, entre ellos terrorismo, asesinato y espionaje. Pero si la CPI llegara a aceptar el argumento de los representantes de los islamistas egipcios, entonces la oficina del fiscal de esa Corte internacional deberá comenzar a analizar el segundo documento, la demanda para investigar los crímenes cometidos en Egipto después del golpe de Estado.