El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recibió a representantes del Acuerdo para la Seguridad Democrática en el primer encuentro oficial en la gestión del funcionario, con la intención de retomar el diálogo sobre diferentes aspectos de la seguridad democrática, la continuación de las reformas policiales y las políticas de seguridad. Participaron, entre otros, el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Arslanian; Hugo Cañón y Rodrigo Pomarés, por la Comisión Provincial por la Memoria; Gastón Chillier y Paula Litvachky, por el CELS; María Sidonie Porterie, por Inecip, y Enrique Font, del Subcomité Contra la Tortura de las Naciones Unidas. La reunión, además de retomar el diálogo sobre políticas de seguridad, tiene una fuerte carga simbólica e indicativa de intenciones en un contexto con sentido inverso, especialmente los remezones de fin de año en varias de las fuerzas policiales provinciales.

La reunión, a pedido del ASD, tuvo una puntada previa a mediados de diciembre pasado. La fecha en la agenda fue puesta por Capitanich, y la convocatoria quedó fijada para ayer a las 10 de la mañana.

El diálogo en la reunión fue cordial. En principio, los representantes de ASD hicieron una breve semblanza sobre el acuerdo, sus motivaciones, lo que significa la fuerte intención de prácticamente todo el arco político; especialistas específicos sobre la temática de políticas de seguridad; representantes de universidades, sindicatos, ONG, ámbitos de la cultura y demás, en que la seguridad es una cuestión ciudadana, que debe constar de un proyecto político y ser controlada y administrada por una cabeza política, donde las fuerzas de seguridad ocupen el lugar de instrumentos de esa política.

Se hizo hincapié en que la seguridad es una deuda pendiente a 30 años de democracia. Los representantes de ASD plantearon la responsabilidad del Estado nacional en cuestiones de seguridad, ante los organismos internacionales, más allá de las autonomías provinciales, y como tal consideraron que la Nación está en condiciones de articular políticas para las fuerzas policiales provinciales más allá de las de su competencia directa. El espacio para articularlas es el Consejo de Seguridad. También se habló sobre la importancia del Protocolo Facultativo nacional para los Mecanismos de Prevención de la Tortura, cuyo decreto reglamentario está en marcha. Y de la creación de un observatorio sobre delitos a nivel nacional.

En diez días, el ASD regresará con las propuestas para abrir espacios de trabajo.