Entre 1964 y 1982, 200 personas en Bolivia fueron asesinadas, cerca de 5000 detenidas de forma arbitraria, alrededor de 20.000 deportadas o exiliadas y más de 150 permanecen desaparecidas, según Amnistía Internacional (AI). En su informe, la organización de derechos humanos asegura que el Estado boliviano apenas ha dado los pasos necesarios para esclarecer la verdad, juzgar a los responsables y resarcir a las víctimas o a sus familiares. “El principal obstáculo es la falta de apertura de archivos militares que podrían aportar información del paradero de víctimas y de las prácticas de violaciones que se desarrollaban en aquella época. Por otro lado, hay un tema de asignación presupuestaria, que impide a las comisiones encargadas de buscar a los desaparecidos llevar adelante su tarea. Este problema viene desde 1982 y se debe a la falta de voluntad política”, aseguró a Página/12 María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de AI.

De acuerdo con la investigación, durante ese período –en el que se sucedieron numerosos gobiernos de facto o de escasa legitimidad popular– se produjeron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, se ejerció la tortura, se practicaron ejecuciones extrajudiciales y se impusieron restricciones a la libertad de circulación y de expresión. “Centenares de personas tuvieron que permanecer en el exilio. El estado de sitio como medida de control y limitación a la circulación fue reiterado. Estos años atestiguaron también una constante lucha entre el poder gubernamental y sectores de trabajadores y sindicales. Los partidos políticos, los sindicatos y las actividades sindicales fueron formalmente prohibidos en 1974”, explica el informe.

Si bien en 1984 el entonces presidente Hernán Siles Zuazo ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación de Desa-parecidos Forzados, la falta de recursos impidió que se continuara con el trabajo. Habría que esperar casi veinte años para reanudar las investigaciones, cuando en 2003 se conformó el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, AI alega que su accionar tiene un impacto limitado.

En 1993, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex dictador Luis García Meza –que en 1980 derrocó a la presidenta interina Lidia Gueiler Tejada– y a varios de sus ministros y miembros de grupos parapoliciales (46 en total) por delitos que iban desde la apropiación indebida de fondos públicos hasta el asesinato en masa. Los acusados recibieron penas de hasta 30 años. “Durante el régimen de García Meza se produjo el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana, donde se detuvo, asesinó e hizo desaparecer al líder sindical y parlamentario Marcelo Quiroga Santa Cruz y a los dirigentes Carlos Flores y Justo Vega”, destaca el informe, que además aclara que la búsqueda de sus restos continúa. AI considera que este caso es excepcional.

En 2004 se aprobó la Ley de Resarcimiento a víctimas de la violencia política en gobiernos inconstitucionales. Esta legislación, que contempla gastos de salud, apoyo psicológico, gastos de sepelio, honores y reparación monetaria, exige requisitos casi imposibles de cumplir para AI. “La ley en sí excluye grupos que no pueden postularse para recibir el resarcimiento. Algunos de esos grupos los conforman las personas que han ocupado cargos públicos con el retorno de la democracia. La ley también ha sido restrictiva por el tipo de requisitos que ha solicitado a los potenciales beneficiarios para probar su calidad de víctima”, sostuvo Eva Parada. Además, criticó el hecho de que los posibles beneficiarios sean los que tengan que demostrar que han sido víctimas. “Se exige testimonio de compañeros de infortunios, que indiquen que tú fuiste víctima de tortura y que además exigen fechas exactas. Algunos de los casos que hemos analizado fueron desestimados porque no hay pruebas suficientes”, añadió.

“Los intentos de investigar casos de desaparición forzada así como otros crímenes cometidos en esos años se han encontrado con serios obstáculos. Entre ellos, el principal es la falta de acceso completo a los archivos militares. Tales archivos podrían arrojar datos importantes sobre el paradero de quienes fueron víctimas de desa-parición forzada y de quienes habrían participado en la comisión de estos crímenes”, afirma el informe. Para los investigadores, la reticencia de las Fuerzas Armadas a desclasificar información y la falta de voluntad de las autoridades civiles impiden a los familiares acceder a la verdad y ayudan a perpetuar la impunidad.

Según la investigación, en esos años tuvo lugar la Operación Cóndor, un plan acordado entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de los países del Cono Sur con el fin de eliminar a opositores y disidentes. AI estima que unas 40 personas de nacionalidad boliviana habrían desaparecido en Argentina y otros países durante el período militar. “Con relación al Plan Cóndor, suena como una buena oportunidad el proceso que se está llevando actualmente en Argentina de enjuiciar a los responsables de la operación como un todo, pero muchas de las víctimas de violaciones en Bolivia no han encontrado ningún tipo de bienvenida para emprender sus acciones en su país. Esto dificulta la posibilidad de emprender acciones a nivel internacional”, consideró Eva Parada. Pese a esta situación, algunos familiares de víctimas acudieron a instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó tres sentencias en contra del Estado boliviano, hallándolo responsable de violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Informe: Patricio Porta.