El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) aseguró que investigará una filtración de las boletas presidenciales que se utilizarán para la segunda ronda, el 6 de abril, pero aclaró que ninguna se extravió. El diario local Extra publicó ayer imágenes de boletas que tiene en su poder y que se supone son de las que se estarían utilizando para la segunda vuelta electoral. “Hicimos una amplia revisión en nuestras bodegas y nosotros tenemos los más de tres millones de papeletas en nuestro poder, no hay ningún faltante, cualquier papeleta que ande en la calle es falsa. No tenemos claro si esto se llegó a filtrar por medio de una fotografía que fue reproducida o de papeletas que se desechan”, manifestó en conferencia de prensa el director general del Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández.

La boleta publicada por el medio de comunicación tiene por un lado a los dos candidatos presidenciales en contienda, el candidato de centroizquierda Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís (foto) y el aspirante del oficialista Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, que había anunciado su retiro de la contienda. Sin embargo, lo que sorprendió a los encargados del Registro Electoral fue que las boletas contaban con un escudo en marca de agua que era la medida de seguridad implementada por el Tribunal para evitar un fraude electoral. Fernández informó que ahora pondrán un distintivo adicional a las boletas y además hizo un llamado a la población para que cuando vayan a votar confirmen que en el reverso del documento se encuentren las firmas de los miembros de mesa, porque sólo así será válido el voto.

“Este es un riesgo que nosotros tenemos contemplado y por eso se exige la firma en la papeleta antes de que el costarricense vote, porque esto es una garantía si alguien pretende cambiar la papeleta”, explicó Fernández. El distintivo adicional tendrá un costo extra para el Tribunal y atrasará, como máximo una semana, la entrega de las boletas en cada localidad, pero no así la fecha en que se realizará la segunda ronda electoral, el próximo 6 de abril. Fernández afirmó que la filtración es un delito y que van a llevar el caso ante el Ministerio Público para que se investigue tanto al personal del TSE que estuvo encargado del proceso de empaque, como a los que trabajan en la empresa que fue contratada para realizar la impresión. La investigación se basará en revisar la grabación de tres cámaras de seguridad que estaban ubicadas en la imprenta para valorar si de alguna manera se filtró la imagen.