Diez años después del atentado islamista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España recuerda mañana la masacre bajo la persistente amenaza de nuevos ataques y con heridas abiertas en la sociedad, que no olvida las mentiras políticas en torno del mayor golpe terrorista de su historia. Los actos de recuerdo y conmemoración del atentado, que se cobró la vida de 191 personas y dejó cerca de 2000 heridos, comenzaron ayer en el Teatro Real de Madrid, donde el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, entregó 365 condecoraciones a víctimas y familiares de víctimas de los atentados del 11-M.

El homenaje dejó una imagen inédita desde 2007, ya que se pudo ver a las asociaciones de víctimas juntas tras varios aniversarios en los que estuvieron divididas, por razones políticas. “El hecho de que estén aquí todos en un clima de unidad y también de unidad política es el mayor activo que podemos rendir a las víctimas, además de no bajar la guardia ante esa amenaza que a todos nos afecta”, aseguró Fernández Díaz, flanqueado, entre otros, por la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Angeles Pedraza, y de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón.

Las asociaciones de víctimas volverán a reunirse hoy en un funeral en la Catedral de la Almudena de Madrid, al que asistirán los reyes, los príncipes de Asturias, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y otros representantes de instituciones, organizaciones políticas y sociales. La misa será el acto central y unitario en una semana cargada de homenajes y exposiciones en recuerdo de las víctimas de aquel fatídico jueves 11 de marzo de 2004, cuando diez bombas estallaron de forma coordinada y en hora pico (a partir de las 7.37) en cuatro trenes de la red suburbana de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo.

Sin embargo, debajo de esta imagen de aparente reconciliación subyace una sociedad con heridas abiertas, por un Estado que sigue sin reconocer las mentiras que encubrieron decisiones políticas vinculadas con la masacre. Inmediatamente después de los atentados, ocurridos tres días antes de las elecciones generales, el gobierno del entonces presidente José María Aznar, del Partido Popular (PP), y los medios afines a la derecha vincularon a ETA con la tragedia, en un intento por atribuir a factores internos y a una conspiración opositora unos hechos más vinculados con la guerra de Irak y el islamismo.

Había pasado poco tiempo de la decisión de Aznar de participar en la invasión a Irak, desoyendo el clamor de la calle, y la decisión política fue atribuir los atentados a la ETA a pesar de que la policía encontró pistas que apuntaban a un atentado islamista. El mismo 11 de marzo, Aznar informó a las embajadas y transmitió su hipótesis de la culpa de la ETA a los principales medios de comunicación del país, que publicaron esa mentira oficial al día siguiente. Las elecciones igualmente las ganó el líder de la oposición socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde entonces, el PP y especialmente el diario El Mundo continuaron sembrando dudas en torno de los atentados de Madrid, incluso después de que en 2007 la Justicia española desmontó la teoría de la conspiración, dejando claro que fueron obra de una célula islamista vinculada con la red internacional Al Qaida. “Nunca nadie nos pidió perdón, ni los políticos ni la prensa”, dijo ayer Manjón, tras explicar que si pudiera borrar algo en estos últimos años sería la “teoría de la conspiración” y otras mentiras vertidas por algunos periódicos, que “tanto daño han hecho”.

“Ser víctima no es que todos piensen igual, pero lo que nos une es lo que pasó el 11-M”, indicó por su parte Angeles Pedraza, madre de otra víctima mortal y quien, por el contrario, insiste en que el atentado “sigue sin resolverse”, ya que “los autores materiales están en la cárcel, pero no se sabe quién fue el intelectual”.

En tanto, el PP se resiste a abandonar del todo la teoría conspirativa: “Si hay más datos y se puede arrojar más luz sobre un acontecimiento tan trágico para la historia de España, sería bienvenido”, indicó en ese sentido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Antes, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había dicho que aún “hay distintos puntos de vista” sobre la autoría del 11-M, volviendo a levantar la polémica, mientras Fernández Díaz intentó zanjar el asunto afirmando que no hay dudas de que la responsabilidad recae sólo en una célula jihadista.

Una década después de los atentados, Fernando Reinares, experto en terrorismo del Real Instituto Elcano, afirma en un libro titulado ¡Matadlos! que el 11-M se decidió en 2001 en Pakistán, mucho antes de la guerra de Irak y por venganza al desmantelamiento de una célula que Al Qaida había establecido en España siete años antes y el encarcelamiento de su líder, Abu Dahdah. Para muchos analistas, esta revelación no invalida el hecho de que la guerra de Irak haya sido el detonante final de los atentados.

Pasaron diez años de aquel ataque que tomó por sorpresa a España, cuyos servicios de seguridad habían subestimado la amenaza islamista, y el riesgo de atentados de este tipo sigue siendo “alto”, según el último informe del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), realizado hace dos meses.

Esto significa que “existe un riesgo probable de atentado terrorista”, similar al de otros países europeos que están en la mira del islamismo radical, explicó el ministro del Interior español, quien cifró en 472 el número de jihadistas arrestados en diez años, frente a los 105 del período precedente.

Las principales amenazas provienen hoy en día de células locales “autorradicalizadas” o “lobos solitarios” que adhieren a la jihad global de Al Qaida, pero sin nexos con grupos concretos, dice el diario El País, en base al informe del CNCA, que también alerta de los islamistas que regresan a casa tras períodos de “instrucción en zonas de combate” o de terroristas que han sido excarcelados.

Seis días después del décimo aniversario de la tragedia, Rafa Zouhier, sentenciado por intermediario entre el comando ejecutor de los atentados y los mineros que proporcionaron los explosivos, saldrá libre tras cumplir diez años de condena, sin arrepentirse ni pedir perdón y, según algunas fuentes, más radicalizado.