El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El mandatario desestimó las medidas cautelares que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ejecutó el fallo que emitió el procurador general, Alejandro Ordóñez, para destituir e inhabilitar por 15 años al jefe de gobierno capitalino por tres faltas graves al cambiar el esquema de recolección de residuos en Bogotá. “Se debía cumplir con la Constitución y las leyes y hay que defender las instituciones. Solicitamos que al alcalde Petro se le defiendan sus derechos. Así hemos procedido”, declaró Santos. “En este caso es evidente que la Justicia colombiana no sólo ha actuado, sino que lo ha hecho de manera eficaz y oportuna”, agregó. En lugar de Petro, el presidente nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Es la primera vez en su historia que Colombia no acoge las recomendaciones de la CIDH.

La decisión se conoció al mismo tiempo que el alcalde Petro encabezaba una concentración en la Plaza de Bolívar. Es la segunda vez que Bogotá se queda sin alcalde de manera consecutiva. En los últimos seis años ha tenido tres mandatarios: Samuel Moreno, Clara López y Gustavo Petro.

Antes de darse a conocer la decisión de Santos, el procurador Ordóñez entregó la notificación formal del fallo y, de esta forma, dejaba al presidente con un plazo de 10 días para firmar el decreto por medio del cual materializara la destitución de Petro. Santos dijo que respetaba las medidas cautelares de la CIDH, pero aclaró que “el sistema es complementario y alternativo”.

El ahora ex alcalde de Bogotá está acusado de haber violado normas de libre competencia a fines de 2012, cuando cambió el sistema de recolección de basura para entregarlo a la empresa estatal de aguas. “Si Santos no acata jurídicamente, me voy de la Alcaldía. Políticamente sería un error muy grande del presidente”, había declarado Petro el martes. Petro, que fue elegido para gobernar Bogotá de 2012 a 2016, iba a enfrentar un referendo revocatorio para sacarlo del cargo, que estaba previsto para el 26 de abril. Sin embargo, la Registraduría anunció que las votaciones para la revocatoria se cancelan después de la decisión del presidente.

El alcalde izquierdista había interpuesto en octubre la solicitud ante la CIDH, previendo el fallo en su contra, y después de que la Procuraduría anunciara su decisión se produjo en los tribunales de la ciudad una avalancha de tutelas (recursos de amparo) de personas que consideran que una autoridad administrativa no debe destituir a alguien elegido por voto popular. La mayoría de las tutelas fue rechazada y el martes se pensó que Petro ya no tendría alternativa cuando el Consejo de Estado no dio lugar a los últimos amparos que estaban en estudio. Sin embargo, la CIDH determinó el otorgamiento de una medida cautelar a favor de Petro y pidió a Colombia que suspendiera su destitución e inhabilitación hasta que el organismo puediera revisar el proceso.

La CIDH consideró que el caso del alcalde bogotano reunía los “requisitos” de “gravedad, urgencia e irreparabilidad”, razón por la que amparaba sus “derechos políticos” y pidió que siguiera gobernando hasta tanto se decidiera de fondo sobre el caso, un proceso que debe adelantar la Corte Interamericana. En una declaración de 11 páginas, el organismo apuntó que era necesario “garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y (que) pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá”.

La Comisión señaló que era necesario “que en cualquier proceso que conlleve la remoción, inhabilitación y/o destitución” de funcionarios elegidos por votación popular, “se respeten los parámetros consagrados en la Convención Americana”. De ejecutarse la decisión judicial, “se podría generar un daño irreparable” al ejercicio de los derechos políticos del alcalde bogotano. “Dicha situación podría generar un posible efecto colateral en el derecho de las personas que votaron por el señor (...) Petro”, apuntó la Comisión. En sus consideraciones, la CIDH también señaló que ante la aplicación de la sentencia de Ordóñez sobre la destitución e inhabilitación de Petro, las autoridades locales deberían llamar a nuevas elecciones, y con ello Petro “no podría regresar al cargo para el cual fue elegido por votación popular”.

Pardo, el hombre que reemplazará a Petro, tiene una larga trayectoria política. Fue comisionado de paz y logró la desmovilización del M-19, paradójicamente el mismo grupo insurgente en el cual Petro militó. Durante el gobierno del ex presidente César Gaviria, Pardo fue el primer ministro de Defensa civil. Luego fue aspirante a la Presidencia por el Partido Liberal. Tras perder las elecciones, fue llamado por Santos para asumir la cartera de Trabajo.