El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, restituyó en su cargo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La iniciativa del Ejecutivo colombiano tiene lugar un mes después de que Santos decidiera destituir al líder de izquierda por pedido expreso del Ministerio Público. Ayer, Petro arribó a la Alcaldía encabezando una marcha para retomar formalmente sus funciones. El mandatario tomó esa determinación a raíz de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que señaló que el Estado debía acatar las medidas cautelares pedidas a favor de Petro por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al designar a María Mercedes Maldonado como alcaldesa en reemplazo del destituido jefe comunal, el mandatario afirmó que si una autoridad judicial le ordenaba restituir a Petro, obedecería, porque como presidente tiene la obligación de cumplir lo que establece la Constitución de su país.

Santos ya había aclarado varias veces que había cumplido con la solicitud de destitución e inhabilitación por quince años para ocupar cargos públicos, ordenada por la Procuraduría General, porque un jefe de Estado debe acatar las leyes, pero que igualmente estaba dispuesto a reintegrar al alcalde si así lo señalaba el Poder Judicial. “No tengo alternativa, simplemente es el cumplimiento de la ley. A unos les puede gustar, a otros no”, dijo Santos, quien el próximo 25 de mayo buscará ser reelecto en su cargo. El jefe de Estado agregó que su gobierno es democrático. “La democracia está basada en la independencia de los poderes públicos. Por eso procedo en esta dirección, a sabiendas de que es una decisión controvertida”, señaló argumentando su resolución de dar marcha atrás con la destitución del líder del movimiento Progresistas.

De inmediato, Petro tomó las riendas del gobierno de la ciudad más poblada del país, con una población de cerca de ocho millones de habitantes, y dijo que el Estado tenía la obligación de acatar la solicitud de la CIDH. “Cinco sentencias de la Corte Constitucional ya habían dicho que las medidas cautelares del sistema interamericano, en su conjunto, son obligatorias y vinculantes. Creo que al presidente le dijeron algo que no correspondía a la realidad y tomó una decisión equivocada que ahora se corrige”, manifestó Petro.

Cientos de seguidores del alcalde destituido, organizaciones políticas, sindicales y culturales, se movilizaron en la tarde de ayer, desde la Plaza de las Nieves hasta la Plaza Bolívar, en una demostración de apoyo a Petro, quien en todo momento permaneció al frente de la columna que lo acompañó nuevamente hasta la puerta de su despacho, reportó Radio Caracol.

Quien mostró su descontento con la medida de reponer al destituido alcalde fue el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien anunció que hoy radicará ante la Corte Suprema de Justicia colombiana una impugnación del fallo judicial que ordenó al presidente Santos restituir a Petro como alcalde de Bogotá. “Simplemente yo quiero decir que la Procuraduría estará el día de mañana interponiendo el recurso de apelación correspondiente para que la Corte Suprema de Justicia defina lo pertinente frente a este hecho”, manifestó Ordóñez.

Una vez que reciba la impugnación de la Procuraduría, la Corte Suprema tendrá un plazo de 20 días para emitir su fallo sobre el pedido elevado por Ordóñez. Con el retorno de Petro al cargo, también se reactiva un proceso de revocatoria de su mandato para que los habitantes de Bogotá se pronuncien en las urnas, lo que probablemente sucederá en junio o julio, sobre si quieren que el alcalde termine su período o salga del gobierno distrital.

Este proceso es impulsado por sectores de la oposición en el ámbito municipal y ha corrido paralelamente a la investigación de la Procuraduría por la que fue destituido el alcalde ahora repuesto. La Procuraduría General, que investiga a los funcionarios públicos por faltas disciplinarias, abrió un proceso contra Petro a raíz de cambios en el esquema de recolección de la basura en el Distrito Capital a fines de 2012. Santos destituyó a Petro el 19 de marzo al acatar una orden del Ministerio Público.

Sobre este aspecto, Ordóñez, su titular, concluyó que el alcalde había cometido errores gravísimos al producir esos cambios, por lo que ordenó su destitución e inhabilitación. Petro no renovó los contratos con empresas privadas dedicadas a recoger la basura, por lo que la empresa pública de acueducto se encargó entonces de esa tarea, para ahorrar costos, según dijo entonces el alcalde. El cambio ocasionó la acumulación de desperdicios por tres días mientras el nuevo operador asumía sus funciones.

El regreso de Petro coincidió ayer con una resolución emitida por la superintendenta de Sociedades que ordena al gobierno municipal modificar el actual esquema de aseo y recolección de basura por la exclusión de la empresa privada, lo cual viola la ley de libre competencia.

Petro, que perteneció al grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), que se desmovilizó finalmente en 1990, fue elegido para gobernar la capital desde el 1º de enero de 2012 hasta la misma fecha de 2016.