El empresario Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, llegará en libertad, por sus propios medios, a prestar hoy declaración indagatoria ante el juez Alvaro Coleffi, en una causa en la que está imputado como coautor de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, entre ellos el asesinato de dos obreros gráficos. Así lo resolvió la Cámara Federal de Bahía Blanca, que rechazó un pedido de detención planteado por la fiscalía porque sostiene que no existe peligro de que Massot se escape o entorpezca el desarrollo de la investigación.

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani habían advertido sobre un riesgo de fuga latente debido a los recursos y contactos de Massot y plantearon que debe haber un tratamiento igualitario de los acusados por “los más graves delitos que conoce el orden jurídico”. Citaron, como ejemplo, más de un centenar de casos donde se ordenó la detención para garantizar la indagatoria. Sin embargo, ni el juez Coleffi ni –ayer– los camaristas Pablo Candisamo Mera y Ricardo Planes avalaron el planteo, aunque quedó en pie la prohibición de salir del país. El argumento compartido es que Massot se presentó espontáneamente en el expediente, que es una persona conocida, con arraigo en la Argentina, y radicado en un domicilio donde recibe las notificaciones judiciales personalmente.

La indagatoria a Massot estará basada en una vasta imputación que incluye su responsabilidad en secuestros, torturas y asesinatos y en la utilización de La Nueva Provincia (y otros medios del mismo grupo) como “engranaje” del plan sistemático del terrorismo de Estado en la realización de “operaciones psicológicas, de inteligencia, ocultando dolosamente la verdad, manipulando información, promoviendo la propaganda negra, todo con un designio criminal unívoco”, según describieron los fiscales. La causa contra el empresario, de hecho, se abrió en función de la sentencia que en 2012 condenó a 14 represores del V Cuerpo de Ejército y en la que el Tribunal Oral que mandó investigar al diario bahiense al señalar la “campaña de desinformación” que buscaba imponer “la versión de los victimarios” y “colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

Los trabajadores gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola fueron secuestrados el 30 de junio de 1976. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del Sindicato de Artes Gráficas local, mientras que Loyola se desempeñaba como estenotipista y tesorero del gremio. Sus cuerpos fueron hallados cuatro días después en un paraje llamado La Cueva de los Leones, a 17 kilómetros de Bahía. Estaban maniatados a la espalda con signos de torturas y destrozados a tiros. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 milímetros. Los fiscales le adjudican a Massot “aportes indispensables” para la “concreción” de esos homicidios. Pero también lo responsabilizan por otros 35 casos, que eran difundidos por el diario como muertes en enfrentamientos. En el caso de Heinrich y Loyola, hay documentos y un informe secreto de Prefectura sobre guerrilla sindical donde ellos encabezaban la lista de candidatos “a ser raleados”, decía.

Massot siempre negó su vinculación empresaria con La Nueva Provincia hasta los noventa y sostuvo que lo manejaban su madre, Diana Julio, y su hermano Federico, ambos fallecidos. Pero los fiscales cuentan con pruebas que muestran sus lazos desde 1975, como un acta donde su madre le delega negociaciones con empleados, además de que era socio. En un reciente allanamiento en las instalaciones y el archivo del diario, además, fueron halladas más evidencias, incluso contables, que van en la misma dirección, sobre las cuales tendrá que responder Massot en la indagatoria, que contradicen la versión que dio en su declaración espontánea. Nebbia y Palazzani vienen pidiendo indagarlo desde hace un año. La declaración se espera para hoy a las 8.15.