España investigará los crímenes cometidos por el ejército de Guatemala contra el pueblo maya. El juez Santiago Pedraz, a cargo de la causa, se negó a archivar el expediente a pesar de que una ley impulsada por el gobierno peninsular, que entró en vigor en marzo, limita la jurisdicción universal en el país europeo. Esta decisión es una respuesta a la anulación de la condena al dictador Efraín Ríos Montt y a la norma del Legislativo guatemalteco, que rechazó la existencia de esa masacre contra la población indígena. Pedraz instruye una causa a raíz de una denuncia interpuesta en 1999, en la Audiencia Nacional de Madrid, por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, contra ocho ex altos cargos de Guatemala por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Según Naciones Unidas, entre 1962 y 1996, al menos 200 mil personas (entre muertos y desaparecidos) fueron víctimas de la masacre originada por la represión del ejército guatemalteco.

En su escrito, Pedraz señaló que si bien “consta en la causa que en Guatemala se han seguido procedimientos por hechos relacionados con los que aquí se instruyen”, lo cierto es que éstos “presuntamente no han llegado a buen fin, sin que se sepa el alcance de cada uno”. Por ello, el juez libró una comisión rogatoria a Guatemala para comprobar si en ese país existió disposición a investigar. A su vez, el juez defiende la jurisdicción de España sobre los hechos que investiga porque son delitos de terrorismo.

Según el magistrado, como esos hechos pueden constituir delitos de genocidio, lesa humanidad y torturas –crímenes que en caso de recibir esa tipificación podrían ser considerados delitos de terrorismo–, resulta “incuestionable que la jurisdicción española es competente para conocer de todos los delitos citados”. El dictador Ríos Montt fue condenado en Guatemala a 80 años de prisión en 2013 por el asesinato de 1771 indígenas entre 1982 y 1983, pero la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, presuntamente, por errores en el proceso, y parte del juicio contra el general de 87 años recién se repetirá en 2015.

El juez Pedraz ya había decidido no archivar el caso abierto por el asesinato del camarógrafo español José Couso, asesinado en Irak, en abril de 2003. Varios juristas reivindicaron ayer el papel de la jurisdicción universal en un congreso celebrado en Madrid, entre ellos el único fiscal vivo de los juicios de Nuremberg (Alemania), Benjamin B. Ferencz. A los 94 años, el jurista abogó por “reafirmar los principios universales de que éstos son crímenes contra todos”, independientemente de las fronteras, ya que la soberanía para luchar contra este tipo de crímenes reside en el pueblo y no en los países.

El ex magistrado Baltasar Garzón, quien también participó del encuentro junto a Ferencz, señaló que el principio de justicia universal es clave para luchar contra la impunidad en el mundo y, lejos de limitarlo como ocurre actualmente en España, debería ser expandido a otros países. “Creemos que esa ampliación debe producirse extendiendo a otras esferas jurídicas que van más allá de las estrictamente tradicionales de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra”, explicó Garzón a la prensa durante la apertura en Madrid del I Congreso de Jurisdicción Universal en el siglo XXI, organizado por la fundación que preside.

Mundialmente conocido por la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, Garzón se convirtió en paladín de este principio jurídico por el cual un país puede juzgar un delito cometido en otro si éste no lo hace. En 2012, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo español para ejercer como juez por haber ordenado escuchas ilegales en un caso de corrupción que afecta desde hace años al partido conservador en el poder.

“Debilitar la doctrina de la jurisdicción internacional es debilitar la idea de crímenes contra la humanidad”, afirmó durante la inauguración del Congreso el secretario del Ministerio de Justicia de Brasil, Paulo Abrao, presidente de una Comisión de Amnistía que busca reparar a las víctimas de la dictadura militar brasileña. “Hemos vivido en un mundo de horror indescriptible”, subrayó el estadounidense Ferencz, abogado de origen húngaro, recordando los campos de exterminio nazi que pisó por primera vez como joven soldado durante la Segunda Guerra Mundial.

“Había cadáveres por todas partes en el suelo, esperando para arder en los crematorios, y caos total”, explicó Ferencz, que en 1947, con 27 años, se convertiría en fiscal jefe en uno de los doce juicios por crímenes de guerra organizados por Estados Unidos contra los dirigentes nazis, imponiendo el concepto de crimen contra la humanidad. “Hay momentos en nuestra sociedad cuando es importante, tanto si las leyes están escritas como si no lo están, que los crímenes no sean tolerados”, afirmó. “No debemos ofrecer impunidad o inmunidad contra los peores crímenes”, agregó el único fiscal con vida que participó de los juicios de Nuremberg.

Una cincuentena de expertos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, así como magistrados de quince países, participarán en este congreso que finalizará el viernes con la presencia de la abogada iraní y premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi.