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Con la excusa de la seguridad nacional, desde hace dos años el secretario de Justicia estadounidense, John Ashcroft, ha avasallado “peligrosamente” los derechos civiles de los estadounidenses, denuncia un informe publicado ayer por la organización People For the American Way (PFAW). Desde los atentados del 11 de septiembre, “en los Estados Unidos de Ashcroft, los inmigrantes son culpables hasta que prueban su inocencia, la defensa de los derechos civiles es opcional y la Constitución puede anularse de un plumazo”, advierte PFAW. A pocas horas del segundo aniversario del 11 de septiembre, un juez aceptó las demandas contra dos aerolíneas, la Autoridad Portuaria neoyorquina y la fábrica de aviones Boeing por los muertos y heridos en los atentados.
Para las empresas acusadas, las demandas debían ser anuladas porque su deber no era proteger a las personas de los terroristas. Pero un dictamen del juez Alvin Hellerstein dice que la Autoridad Portuaria de Nueva York Y Nueva Jersey, dueña del terreno donde se levantaban las Torres Gemelas, “no ha mostrado que probará su defensa de la inmunidad gubernamental en las acusaciones de negligencia” de los ocupantes de las torres. Hellerstein también dijo que las pruebas presentadas por Boeing no respaldan su argumento de que la entrada de los terroristas en la cabina de sus aviones libera a la empresa de toda responsabilidad. Las personas que demandan a esta empresa dicen que ésta debería haber diseñado una puerta que impida a los terroristas entrar a la cabina del piloto.
Los ataques del 11 de septiembre significaron un retroceso en materia de derechos humanos. Según PFAW, al titular del Departamento de Justicia norteamericano “se le ha ido la mano” y el Congreso debe terminar con la invasión a los derechos humanos porque éstos no son “desechables en tiempos de guerra”. Estados Unidos debe tener las herramientas necesarias para luchar contra el terrorismo, pero también “necesita un fiscal generalque defienda la Constitución”, afirmó el presidente de PFAW, Ralph Neas. El informe de este organismo incluye los abusos y detenciones del gobierno contra centenares de inmigrantes y el pedido de Ashcroft de ampliar aún más los poderes policiales. PFAW señala que las demandas judiciales en contra de la discriminación han disminuido drásticamente desde que Ashcroft asumió en diciembre del 2000. Y agrega que Ashcroft ha lanzado una campaña que amenaza la independencia de los jueces federales y pone en peligro la separación entre la Iglesia y el Estado en la educación pública.
PFAW no es el único grupo que ha criticado el atropello a los derechos civiles desde que Bush declaró la guerra contra el terrorismo. La Unión de Libertades Civiles estadounidense (ACLU) afirma que estas medidas son dirigidas principalmente a los inmigrantes y que su temor es que más personas sin ningún vínculo con el terrorismo se vean “atrapadas” en el laberinto burocrático de la Justicia norteamericana. De hecho, el inspector general del Departamento de Justicia, Glenn Fine, admitió el lunes en un informe que el gobierno no ha resuelto los casos de inmigrantes detenidos indefinidamente desde el 11 de septiembre. Poco después de los atentados del 2001, el Congreso norteamericano sancionó la Ley Patriota que elimina varios derechos contemplados en la Constitución norteamericana. Pero para Ashcroft, esta ley no es suficiente para combatir al terrorismo.