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La jueza federal María Servini de Cubría deberá, finalmente, hacerse cargo de la investigación sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, es decir en la Capital Federal, parte la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En esta causa el fiscal Eduardo Freiler reclamó la semana pasada la detención de 38 represores.
Cuando la semana pasada la Cámara Federal reabrió los dos mayores expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) le tocó a Servini de Cubría y el del Primer Cuerpo a Torres. La jueza se excusó de intervenir en el caso porque uno de los potenciales acusados, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, había sido su empleado. Torres tomó el caso de la ESMA –volvió a salir en el sorteo– y “por compensación” le envió el del Primer Cuerpo a Servini. Esta es una medida común cuando los magistrados deben hacerse cargo de causas de otros juzgados. Pero Servini también rechazó este expediente. Aseguró que no se trataba de casos de igual magnitud, ya que la investigación del Primer Cuerpo abarca al menos a una veintena de centros clandestinos de detención y la otra sólo al que funcionó en la ESMA.
“No puede pretenderse en relación con la compensación de causas una total equivalencia entre los procesos, sino que ello debe analizarse de modo tal de evitar el desgaste jurisdiccional y el atraso en la tramitación de expedientes a los que llevaría la búsqueda estéril de sumarios idénticos”, aseguró en una resolución el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, al disponer ayer que Servini de Cubría se haga cargo de la causa sobre el Primer Cuerpo. “Habrá de decirse que por la pluralidad de imputados, de hechos y la coetaneidad de éstos en ambos sumarios, así como por la similitud en la complejidad de las pesquisas, es que la pretensión del señor juez titular del Juzgado Federal Nº 12 (Torres) tendrá acogida favorable”, señaló Irurzun.
Servini deberá expedirse sobre el reclamo que hicieron el jueves pasado Freiler y Federico Delgado para que se detenga a 38 represores. Los fiscales incluyeron a los acusados que fueron beneficiados con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y también a seis militares que fueron indultados. “La dispensa no puede excluir a aquellos hechos que, cometidos durante el ejercicio de su comando, no les fueron impuestos en aquella oportunidad”, aseguraron. Es decir que entendieron que, más allá de la futura discusión sobre la validez del perdón presidencial, quienes quedaron en libertad gracias a esa medida pueden ser juzgados por hechos por los que no fueron procesados antes.
Entre los represores que podrían quedar presos si Servini de Cubría hace lugar al pedido de los fiscales están el coronel Alberto Durán Saenz, quien fue procesado por su responsabilidad como jefe del centro clandestino El Vesubio por 17 homicidios y la desaparición de 47 personas. El coronel Enrique Carlos Ferro, que fue procesado por 111 delitos cometidos como jefe de El Banco, El Olimpo y Club Atlético es otro de los imputados, como el coronel Alberto Pedro Barda, ex jefe de la subzona 15, quien fue responsable de los crímenes que se cometieron en todos los centros clandestinos de Mar del Plata. Jorge Olivera Rovere, José Montes, Andrés Aníbal Ferrero, Adolfo Sigwald, Juan Bautista Sasiaiñ y Carlos Guillermo Suárez Mason también están acusados en esta causa.